Aunque según Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canarias, Felipe VI va a intentar por todos los medios que no haya unas nuevas elecciones generales, todo parece apuntar a que el escenario electoral del 26 de junio es más que probable. En este contexto, las negociaciones entre Podemos e Izquierda Unida para acudir juntos a la cita con las urnas es un tema que se está debatiendo en los últimos días, con los retos programáticos y de imagen que plantearía para ambas formaciones.
En sanidad, Izquierda Unida mantiene algunos puntos del programa de las elecciones generales del pasado 20 de diciembre que no se encuentran en las aspiraciones de Podemos. La creación, por ejemplo, de una industria farmacéutica pública, así como otra de tecnología sanitaria. En este aspecto, la formación liderada por Pablo Iglesias se limita a querer aumentar la cartera de medicamentos del Sistema Nacional de Salud, del mismo modo que apuesta por la receta de dosis precisas en lugar de las comunes cajas de fármacos.
Otro aspecto en el que ambas formaciones difieren es en el copago farmacéutico, que IU califica como ‘repago’ en su argumentario electoralista y que quiere eliminar por completo. Y es que hace unos días Podemos presentó una Proposición No de Ley donde se contemplaban los umbrales de copago farmacéutico. Así, las rentas anuales menores de 12.450 euros quedarían exentas de copago. En rentas de entre 12.450 y 20.200 euros se establecería un límite máximo de 24,69 al trimestre; en rentas anual entre 20.200 y 35.200 euros límite máximo de 55,56 euros al trimestre; en rentas anuales de entre 35.200 y 60.000 el límite máximo de serían 185,25 euros y, finalmente, en las rentas mayores de 60.000 euros no se establecería un límite máximo trimestral.
Respecto a la derogación del Real Decreto 16/2012, del 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, Redacción Médica publicaba hace unos días cómo el partido de Alberto Garzón le pedía a Iglesias mayor contundencia en la decisión de derogar esta ley en cuanto fuera posible. De hecho, uno de los puntos de confluencia de ambos partidos de izquierdas es devolver la tarjeta sanitaria a todos los ciudadanos, estén o no en situación irregular.
El aumento de la inversión en sanidad, que IU fija en un 6,7 por ciento del PIB y Podemos en una inversión de 35.000 millones a repartir en los cuatro años de legislatura; o la reversión de los conciertos con las empresas privadas, son dos de los puntos que más acercan a los partidos, que parece que no será en el campo sanitario donde encuentren las mayores barreras para ir juntos a un todavía hipotético 26 de junio electoral.
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