Diez ministerios para dar respuesta a los grandes retos sanitarios

La anestesista Mónica García es la nueva responsable del Ministerio de Sanidad, una de las carteras que Pedro Sánchez ha delegado en Sumar, que se encargará de cinco ministerios frente a los 17 del PSOE. Se abre así una nueva etapa en Sanidad, puesto que la hasta ahora portavoz de Más Madrid es la primera ministra que no nace del bipartidismo y deberá coger las riendas de una sanidad marcada por un Consejo Interterritorial bajo el dominio del Partido Popular. A esta situación se le suman los múltiples asuntos que deberá abordar con ministerios socialistas, como el futuro del modelo Muface, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública; el Plan Estratégico de la Industria Farmacéutica, que deberá asumir junto al nuevo ministro de Industria, Jordi Hereu; o el atasco en la homologación de títulos médicos al que se enfrentará Diana Morant, nombrada ministra de Ciencia, Innovación y Universidades.

El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar hace referencia a la mejora de las condiciones de los profesionales sanitarios, que llevan reivindicando durante años, entre otros asuntos, la jubilación flexible de sus trabajadores del sector de la salud. Esta cuestión se abordará en las reuniones que mantendrá Mónica García con los sindicatos que forman parte del Ámbito de Negociación, pero también se plasmará en las mesas de trabajo que el Ministerio de Seguridad Social, liderado ahora por Elma Saiz, tenga con los representantes de los sanitarios españoles. Tal y como ha respondido este mismo lunes el Gobierno, la tramitación se ha quedado en 'stand by' dada la interinidad del Ejecutivo, que ha impedido "completar los trabajos para la aprobación de los cambios legislativos oportunos". No obstante, matiza el Gobierno," la adaptación normativa incidirá en la tramitación de las peticiones de las profesiones sanitarias actualmente en curso, de acuerdo con las disposiciones sobre transitoriedad que se establezcan, y en todo caso sin merma alguna de los derechos que les amparan en relación con dicho procedimiento".



El ministerio liderado por García también continuará ligado de forma cercana con el de María Jesús Montero en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Hacienda y entre sus competencias se encarga de prestar la asistencia sanitaria y también social a los profesionales adscritos. Actualmente, la mutualidad está buscando vías para comprobar la viabilidad de incrementar la dotación del concierto sanitario en colaboración con la Abogacía del Estado.

El otro punto de unión se centra en la reclasificación profesional de los trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS). Es una de las cuestiones que marcan la mesa de negociación para la renovación del Estatuto Marco. A su vez, los ministerios de Industria, Hacienda, Sanidad y Asuntos Económicos tienen un cometido conjunto: forman la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos y Productos Sanitarios (CIPM), que decide cuáles son los medicamentos que se financian con cargo a fondos públicos.

García también tendrá un contacto estrecho con Industria, a través de su ministro Jordi Hereu. Concretamente, ambos ministerios tienen en marcha el Plan Estratégico de la Industria Farmacéutica, cuyas bases se fijaron en la anterior legislatura pero no llegó a ver la luz con el adelanto de las elecciones. Este proyecto es el impulso que espera el sector para mejorar la incorporación de innovación y aumentar la competitividad de España.

Por otro lado, el plan Profarma, que premia a la fabricación nacional de medicamentos, también requerirá de un buen diálogo entre ambas partes. El Gobierno tiene como fecha límite el 31 de diciembre para publicar una nueva convocatoria del mismo que se adapte a las necesidades del sector. Por último, será necesario el máximo consenso entre García y Hereu a la hora de repartir los fondos del Proyecto Estratégico de Recuperación y Transformación Económica (Perte) para la Salud de Vanguardia, una iniciativa que tiene fin impulsar el empleo de calidad y mejorar la salud de la población a través de la innovación sanitaria, los datos y el conocimiento científico.

Los retos de Mónica García en el Gobierno

José Luis Escrivá tendrá que hacer frente, como nuevo ministro de Transformación Digital, a una cuestión sanitaria que afecta directamente a los colegios profesionales. La intención del Gobierno de atribuir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la potestad para llevar a cabo una evaluación previa a la aprobación de los códigos deontológicos y acercar la normativa colegial a una Directiva europea no cuenta con el visto bueno de médicos y enfermeros.

El Ministerio de Igualdad y su nueva ministra, Ana Redondo, tendrán que lidiar con una 'polémica sanitaria' reciente, relacionada con los casos de violencia de género. Precisamente la hasta ahora secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, acusó a los profesionales sanitarios de "fallar" detectando estos casos: "No es aceptable que haya víctimas que llevaban acudiendo a los servicios de salud mental, de Atención Primaria o cualquier otro. Ahí está fallando la detección", reconoció.

Ante esto, las profesiones sanitarias respondieron que el peso de los problemas en la detección de casos de violencia de género no debe recaer solamente en ellos, sino en las "lagunas administrativas" o la falta de recursos suficientes en sanidad para hacerles frente con rapidez. Con esto, Igualdad tendrá que fortalecer el protocolo de detección de violencia machista en las consultas médicas que a día de hoy no ha alcanzado la implantación total a nivel nacional.

Por su parte, Diana Morant incluirá la gestión de la formación universitaria dentro del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Uno de sus principales retos en relación con la sanidad es el permanente "atasco" en la homologación de los profesionales sanitarios con títulos expedidos en el extranjero. Precisamente en octubre, desde Universidades confirmaron a Redacción Médica que, para acelerar el proceso, están planteando la idea de implantar un sistema para que los propios hospitales demanden la homologación de los títulos de extracomunitarios, en el caso de que quieran incorporar a sus plantillas profesionales extranjeros.

Morant también tendrá que focalizarse en otro asunto que preocupa al sector sanitario: la Formación Profesional que, por un lado, inquieta a los profesionales en cuanto a la posibilidad de invadir competencias y, por otro, su planteamiento como la "mejor vía" para acceder posteriormente, por ejemplo, a la carrera de Medicina. El déficit de ciertos profesionales sanitarios está llevando a la 'apertura' de nuevos perfiles que se integren en el hospital mientras que, para llegar a la universidad, la FP se reivindica como "más completa" llegando a resultarles las asignaturas universitarias a los alumnos de las facultades de Medicina que han realizado previamente una FP, "un repaso" tras pasar por esa formación previa.

Acuerdos con ministerios en manos de Sumar

Por parte de Sumar, Pablo Bustinduy sustituye a la psicóloga Ione Belarra al frente de Derechos Sociales y Agenda 2030, asumiendo también Consumo, hasta ahora ocupado por Alberto Garzón. Tal y como adelantó Redacción Médica el pasado verano, España todabía debe avanzar en dos desafíos marcados en la hoja de ruta de Naciones Unidas para alcansar el Desarrollo Sostenible: alcanzar a los países vecinos en la inversión presupuestaria y reducir las listas de espera para acceder a la atención médica. 

En manos de este doctor en Filosofía y licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración también queda seguir el legado de su antecesor en Consumo en materias como el coto a los hábitos nocivos como el consumo de bebidas energéticas o la 'comida basura'; o sus medidas enfocadas a eliminar la ludopatía infantil. 

Los nuevos ministros, ante la cesión de competencias sanitarias

Uno de los retos a los que tendrá que hacer frente el nuevo equipo de trabajo de Pedro Sánchez es el debate sobre la cesión de nuevas competencias sanitarias a las comunidades autónomas. Fruto de su acuerdo de investidura con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) ya se acordó que se transferiría en un periodo máximo de tres meses la capacidad para homologar y convalidar títulos en el extranjero a Euskadi para que puedan encargarse de la validación de los médicos o enfermeros de fuera de España. Hasta la fecha esta función recaía exclusivamente sobre el Ministerio de Universidades que en la nueva legislatura lo encabezará Diana Morant, quien ahora se tendrá que encargar de facilitar la cooperación en esta nueva fase de transición.

El mismo documento también plantea la posibilidad de que tanto el País Vasco como Navarra puedan aplicar sus propias tasas de reposición a la hora de diseñar las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) para contratar sanitarios. Las dos comunidades forales podrán consensuar estas políticas mediante las Comisiones Mixtas e incluso inferir en mejoras salariales. Hasta ahora, se aplicaba un baremo único en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) que se fijaba cada año en el Presupuesto General del Estado (PGE) que elabora el Ministerio de Hacienda. Al frente de esta cartera continuará María Jesús Montero, ahora en calidad de vicepresidenta.

La última pugna competencial está marcada por quién debe encargarse de gestionar la Formación Sanitaria Especializada (FSE). Aunque el Estatut de Cataluña que Pedro Sánchez se ha comprometido a cumplir para satisfacer a Junts contempla la cesión del MIR, EIR o FIR, y los acuerdos suscritos con el BNG hayan concedido poderes al Parlamento Gallego para decidir sobre el asunto, desde el Ministerio de Sanidad ya han negado públicamente que vayan a desprenderse de su liderazgo. La pugna apunta a convertirse en uno de los asuntos de la legislatura en materia sanitaria, lo que puede llevar a participar en la mediación al nuevo ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que debuta en el gabinete. Su labor marcará en buena medida el futuro de las competencias autonómicas de la sanidad.