El
derecho a la salud centra el último documento de recomendaciones que el
Defensor del Pueblo ha enviado al
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. En él,
Francisco Fernández Marugán “valora positivamente” el real decreto de 2018 que refuerza la
universalidad del sistema sanitario, pero apunta al carácter “incompleto” de una norma que, a pesar de la situación parlamentaria actual, debe reformarse “con urgencia”.
Sobre el Decreto Ley 7/2018, Marugán reconoce que
“reforzó la sanidad universal, ampliando la cobertura de la asistencia sanitaria”. No obstante, considera
“incompleta” la reforma en varios aspectos que pueden
afectar a la cobertura sanitaria de colectivos vulnerables. “El Gobierno debe aprobar, a la mayor brevedad posible, la norma reglamentaria que desarrolle un procedimiento definitivo para el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria para ciudadanos españoles y extranjeros”, detalla.
Entre sus recomendaciones destaca la “inadecuadamente regulada situación de los ciudadanos extranjeros que residen en España en virtud de su vinculación familiar con un ciudadano español o comunitario”. En ese sentido, propone “una
flexibilización de los requisitos de acceso a ese convenio, exigiéndose
menos de un año de residencia y disminuyendo la cuantía mensual a abonar para los mayores de 65 años” como posible respuesta.
Por último, el Defensor ha recomendado impulsar los cambios necesarios en la
Ley de Cohesión y Calidad para que determinadas personas extranjeras, sin derecho a asistencia sanitaria gratuita al encontrarse en estancia temporal, pero en condiciones de gran vulnerabilidad social, puedan ser atendidas por el Sistema Nacional de Salud.
Requerimiento a las CCAA
“Las
administraciones autonómicas deben atender a los informes sociales de sus propios servicios antes de excluir de la asistencia sanitaria gratuita a algunas personas en situación de estancia temporal”, asegura Marugán. Sobre este punto, ha emitido sendos requerimientos a Madrid y Galicia, “donde se han recibido quejas”. “Se ha recomendado a las consejerías de sanidad que garanticen la asistencia con fondos públicos a aquellas personas en situación de estancia temporal cuando se acrediten unas
circunstancias graves de necesidad y vulnerabilidad”.
“El Defensor es consciente de las limitaciones impuestas por la
coyuntura parlamentaria, que impide una ordinaria tramitación de las iniciativas legislativas, así como la extensión del periodo de
interinidad del Gobierno. No obstante, considera que se trata de un tema que es preciso acometer con urgencia”, concluye el informe publicado este jueves.
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