Con la financiación sanitaria de nuevo a debate en España por la reformulación autonómica esbozada por el Gobierno, investigadores de
Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) han puesto en duda la “pertinencia” de mantener al
Sistema Nacional de Salud (SNS) al amparo de las
‘reglas de oro’ fiscales, que promueven que este se sufrague únicamente con ingresos ordinarios.
Simplemente
“ya no procede”, sentencian los autores (
Diego Martínez, Fernando González y Pablo Porrero) de una propuesta
‘para adaptar el marco español a la nueva gobernanza de la Unión Europea’ que publica este lunes Fedea y en la que se aboga por trascender el actual marco fiscal en pos de otros “más productivos e inclusivos”.
En este sentido, los investigadores reflexionan acerca de si la inversión pública, incluida la dirigida a mantener la sanidad, han de regirse por las actuales reglas fiscales o bien recibir “un tratamiento diferenciado respecto a otros componentes del gasto”. “La respuesta tradicional a este interrogante se ha articulado en torno a las denominadas reglas de oro, que restringen el endeudamiento público a la financiación del gasto en capital -exponen-. Esta idea está presente en el ordenamiento jurídico español desde la
Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que establece que la deuda a largo plazo
solo puede destinarse a la financiación de inversiones”. Es decir, a infraestructuras físicas.
Reglas de oro en la gobernanza fiscal española
La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) introdujo excepciones a este principio, “permitiendo que los
mecanismos extraordinarios de financiación se utilicen también para cubrir gasto corriente”. Sin embargo, destacan, el reciente anteproyecto de Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común “elimina” esta previsión, de forma que, de salir adelante, “desaparecería la regla de oro como parte integrante del
ordenamiento financiero de las CCAA”.
“En nuestra opinión, la pertinencia de mantener reglas de oro en el marco de la
nueva gobernanza fiscal española ya no procede”, inciden los autores, que apuntan, en primer lugar, a que el gasto en sanidad, si está bien estructurado, presenta “una
rentabilidad social a medio y largo plazo equiparable o incluso superior a la de las inversiones en infraestructuras físicas”.
“En segundo lugar, las reglas de oro de la inversión pública tienden a
generar incentivos para una reclasificación contable ficticia, favoreciendo que se contabilice como inversión lo que, en realidad, constituye gasto corriente -continúan-. Además, en la medida en que el gasto corriente es indispensable para que el
capital público despliegue plenamente sus efectos positivos, la distinción entre gasto corriente e inversión puede considerarse en buena medida artificial y poco operativa desde una perspectiva económica e intertemporal”.
Finalmente, destacan que los “desafíos actuales asociados a la inversión pública” superan el marco tradicional de la financiación “mediante
endeudamiento individual de las administraciones”. Sectores estratégicos como la defensa o la lucha contra el cambio climático “requieren soluciones de financiación supranacional o mancomunada, vinculadas a marcos de responsabilidad fiscal más sólidos y verificables que la clásica regla de oro”.
En definitiva, los investigadores de Fedea destacan que esas reglas de oro que pretenden proteger la inversión pública “suelen devenir en considerables incrementos de deuda”. “Las consecuencias sobre el PIB vía mayores tipos de interés y riesgos de insostenibilidad de la deuda
no justifican ese tratamiento diferencial para la inversión pública -enfatizan-. En ese contexto más restrictivo, habrá que adoptar estrategias de evaluación de la inversión pública más precisas y selectivas al tiempo que profundizar en las siempre necesarias mejoras de eficiencia del gasto público aplicado a cualquier finalidad”.
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