La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno,
María Jesús Montero, y la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática,
Carmen Calvo, han comparecido en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. En su intervención, Calvo ha anunciado un paquete de medidas sociales y contra la pandemia de Covid-19 para prolongar su vigencia más allá del decaimiento del estado de alarma este próximo domingo, entre las que se incluyen la
extensión de la posibilidad de cobrar la jubilación y seguir ejerciendo la medicina o la enfermería para la gestión del coronavirus.
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El Gobierno amplía el trabajo de médicos y enfermeros jubilados tras el 9M.
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Entre estas medidas de protección "excepcional" en materia socio económica, ya que muchas de ellas necesitaban soporte legal para mantenerse en el tiempo, Carmen Calvo ha puntualizado la posibilidad de seguir contando profesionales sanitarios jubilados.
"Esta extensión tiene soporte en este Real Decreto", ha subrayado.
En este sentido, la vicepresidenta primera ha informado de que, con el Real Decreto Ley que sucederá al estado de alarma, los gobiernos autonómicos tendrán instrumentos para que, “en cualquier caso”, puedan seguir estableciendo medidas para controlar la pandemia, aunque supongan una
“limitación de derechos y libertades públicas”, siempre que cuenten con la
“autorización jurisdiccional correspondiente”.
"El Real Decreto Ley como innovación contempla el recurso de casación frente a las decisiones de los TSJ y de la Audiencia Nacional para que, en tiempo récord,
el propio Supremo dicte la última palabra y ofrezca seguridad jurídica e igualdad de la seguridad de proteger por parte de los Ejecutivos autonómicos", ha añadido, insistiendo en que el Real Decreto contempla el soporte legal para mantener medidas de protección social, que
"se van a mantener tres meses", hasta el 9 de agosto. Calvo ha aclarado que un toque de queda generalizado solo lo podían hacer desde el estado de alarma y que será la sala tercera del Tribunal Supremo la encargada de resolver y lo tendrá que hacer tras la presentación de un recurso de casación.
Para ello solo tendrán 5 días de plazo.
Se trata, según
Carmen Calvo, del bono social para hacer frente a la pobreza energética, de las medidas protectoras en materia de vivienda -entre las que se incluía la prohibición de los desahucios mientras dure la pandemia- e incluso "algunos
asuntos que a lo largo de estos meses han empezado a dar problemas como pueden ser la obligación que hay en la ley de la propiedad horizontal de hacer las reuniones de las comunidades de proñietarios en términos presenciales".
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