Covid-19: 'relicitada' la compra centralizada de EPI incluyendo a 4 CCAA

El Ministerio de Sanidad ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público un acuerdo-marco para la adquisición de material sanitario y equipos de protección individual destinados al Sistema Nacional de Salud (SNS) y otras instituciones del Estado. El objetivo es dotarse de una reserva estratégica para hacer frente a cualquier eventualidad que pudiera producirse por la Covid-19.

Este acuerdo marco, realizado a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) como órgano de contratación, sustituye al que se publicó hace dos semanas. El pasado 29 de julio se decidió no adjudicar el primer acuerdo marco para poder atender las peticiones de adhesión de distintas CCAA que, aunque inicialmente no habían manifestado su interés en participar en el acuerdo, comunicaron finalmente su voluntad al INGESA, para evitar el riesgo de desabastecimiento de los productos incluidos en la licitación.

Para facilitar esta adhesión, se solicitó a estas CCAA sus necesidades y se han modificado los pliegos para incluirlas. Adicionalmente, se han modificado los pliegos para facilitar la presentación de ofertas e incrementar la concurrencia y así poder tener satisfacer las necesidades de todas las CCAA.

Se han incorporado al Acuerdo Marco Murcia, Galicia, Cataluña y País Vasco. Estas dos últimas se han adherido por primera vez al sistema de compras centralizadas y se incorporan también por primera vez a un acuerdo marco de compra centralizada.

Estas nuevas incorporaciones se suman a las 12 CCAA que se adhirieron desde un principio: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid y Navarra. Participan también el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, además del INGESA, que se dotará de una reserva estratégica para hacer frente a cualquier eventualidad que pudiera producirse por la Covid-19, y de sus servicios sanitarios en Ceuta y Melilla.

Las adquisiciones de material se producirán en el plazo de dos años

En concreto se adquirirán, en un plazo de dos años, 4.200 millones de unidades de batas quirúrgicas, guantes de nitrilo, gafas de protección, mascarillas quirúrgicas tipo II y IIR, mascarillas de protección FPP2 y FPP3, test moleculares Covid-19 (PCR) y kits de extracción. La nueva licitación incluye los mismos productos que la anterior. La cantidad se ha calculado en función de las necesidades de los diversos servicios de salud e instituciones participantes.

El importe económico total es de 2.578.739.505 euros (IVA incluido). Tiene una duración de un año con posibilidad de prórroga por un segundo año. Los precios unitarios establecidos son precios máximos y se han calculado teniendo en cuenta los que hay en el mercado, previa consulta a los servicios de salud de las CCAA.

Por lo tanto, las empresas podrán ofertar distintos productos (con precios diferenciados) siempre que cumplan con los requisitos técnicos y administrativos exigidos y no superen el precio máximo de licitación. Al ser un procedimiento agregado para todo el Estado se calcula un ahorro de más de 300 millones de euros.

La licitación, con sus correspondientes pliegos administrativos y técnicos, se ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Portal de Contratación Centralizada del Ingesa. Igualmente, se comunicará a través de las principales asociaciones empresariales de los sectores implicados.

Se trata de una tramitación de emergencia. Esto implica que se acortan los plazos para que una parte importante del material adjudicado esté a disposición de los servicios de salud antes de finalizar el mes de septiembre. El objetivo es que la adjudicación se realice en agosto, para que las CCAA puedan realizar contratos basados en este acuerdo-marco al final de este mes y que las empresas adjudicatarias puedan comenzar a suministrar a los servicios de salud de las CCAA en el mes de septiembre.

Las condiciones del contrato son las que han generado malestar entre los fabricantes del sector, especialmente porque consideran que este contrato podría excluir a las compañías nacionales y beneficiar a las internacionales, a pesar de los importantes esfuerzos de inversión que han realizado en la primera parte de la pandemia.

“Los pliegos publicados incluyen unas condiciones en cuanto a solvencia, capacidad de producción y almacenamiento de posibles suministros que hacen prácticamente inviable a la mayoría de las empresas españolas poder concurrir a ellos”, explica a este medio Cardivais, única compañía española productora de batas y cobertura quirúrgica con fábrica en nuestro país, que considera que “solo serán accesibles para grandes compañías multinacionales”.

Una idea que comparte Fenin, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, quien asegura a este periódico que, por un lado, es “importante garantizar la solvencia de los proveedores para garantizar la calidad del servicio”. Pero también, “es importante que los umbrales de solvencia no representen una barrera injustificada para el acceso a las licitaciones públicas.