La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de
UGT denuncia el grave problema de falta de inversión que existe en el
Sistema Nacional de Salud (SNS). Esta situación no es nueva, el sindicato ha señalado el deterioro del Sistema que se ha producido en la última década y la
pandemia del Covid-19 ha hecho patente las dramácticas consecuencias de esta falta de inversión, tanto en medios como profesionales.
Los diferentes gobiernos no han dado al Sistema Nacional de Salud (SNS) la importancia que tiene para la salud de la población. Durante la última década ha
diminuido la inversión y se ha matenido la tasa de reposición, que impide cubrir la totalidad de bajas de profesionales que se producen. Esta limitación ha generaldo una importante disminución de la plantilla y una
elevada tasa de temporalidad, hasta el 60 por ciento en algunas CCAA, como en el caso de las Islas Canarias.
Los trabajadores se han visto desbordados para atender a la población en la
primera oleada de la pandemia y, ante la segunda ola, los profesionales están agotados física y psicológicamente. Además hay que recordar que los centros sanitarios son los lugares de trabajo donde la incidencia del Covid-19 es más elevada, por lo que desde la FeSP-UGT insistimos en la consideración de la pandemia como
enfermedad profesional.
Incremento de la inversión en sanidad
UGT reclama que
aumente la inversión en el SNS hasta el 7,2 por ciento del PIB; se suprima la tasa de reposición y se hagan unos planes de recursos humanos que incrementen las plantillas estructurales de forma que los profesionales puedan prestar a la población la atención sanitaria adecuada a sus necesidades de salud. La pandemia ha puesto de manifiesto que no es posible abordar crisis sanitarias con un SNS deteriorado, plantillas escasas, precarizadas, envejecidas y exhaustas.
UGT ha manifestado que llevará a cabo distitnas medidas de presión en las diferentes CCAA, valorando la situación epidemiológica actual de cada territorio.
UGT ha señalado que priorizará las medidas sanitarias antes de realizar cualquier acto de movilización que pueda poner en riesgo la salud de las personas o enviar un mensaje contradictorio a la población, a la que se está recomendando evitar las concentraciones de personas y los lugares concurridos.
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