La
Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y mayoritario en la mesa del
Ministerio del Interior ha presentado una denuncia ante la
Inspección de Trabajo contra la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por la dotación insuficiente de
mascarillas en las
cárceles españolas frente al
coronavirus Covid-19.
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Coincidiendo con la entrada en vigor de la
obligatoriedad del uso de este material de protección, CSIF advierte de que en las prisiones se entrega a los trabajadores/as
una sola mascarilla de tipo quirúrgico para todo el turno, que puede alcanzar las
40 horas de servicio.
CSIF entiende que Instituciones Penitenciarias incumple su deber de
proteger la salud de la plantilla y estudia acciones jurídicas para que los funcionarios, a título individual, puedan acudir a los tribunales en defensa de su derecho a la protección de la salud.
Por otra parte,
CSIF ha presentado un recurso de reposición contra las medidas de desescalada planteadas en prisiones (apertura del régimen de visitas, locutorios, permisos) al entender que no se ajustan a derecho ni se garantizan las medidas de seguridad e higiene (no se han instalado tomas de temperatura en todos los centros, no se garantiza la separación obligatoria en locutorios, ni se desinfectan los paquetes que llegan del exterior, entre otros).
Uso obligatorio de mascarillas
El uso obligatorio de mascarillas confirma una exigencia de CSIF desde el minuto uno de la crisis, pero es una medida insuficiente y que llega tarde. El sindicato ha venido reclamando desde el pasado febrero dotación de mascarillas y de
equipos de protección individual para todas las personas trabajadoras, que deben complementarse con actuaciones clave, como la los test masivos y un
refuerzo en la Atención Primaria para realizar una vigilancia epidemiológica correcta.
El personal de las empresas privadas y de las Administraciones Públicas (Sanidad, Prisiones, Justicia, Educación, etc.) afronta la desescalada con incertidumbre y temen que se produzca un n
uevo foco de contagios por la falta de previsión en este ámbito.
El personal sanitario de Atención Primaria, desgraciadamente, sigue sin contar con los
test PCR que exige Sanidad como base de su estrategia para la desescalada. Exigimos, por tanto, pruebas masivas de anticuerpos, que aseguren un correcto diagnóstico serológico de cada profesional.
Por último, para CSIF es fundamental que el Gobierno publique cuanto antes una
Guía de distribuidoras y marcas de mascarillas que reúnan las condiciones de seguridad necesarias, ante las informaciones contradictorias que recibe la ciudadanía y la incertidumbre generada al respecto.
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