El
Real Decreto ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud (SNS) para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, ya está
oficialmente convalidado por el Congreso de los Diputados, tal y como recoge este jueves la resolución
publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Se trata de un decreto que
no respalda las principales voces del sector sanitario (como las
sociedades científicas, colegios profesionales o sindicatos), porque permite a las comunidades autónomas
contratar a cerca de 10.000 profesionales de forma directa, tanto a
MIR que aprobaron el examen en el 2020 y no obtuvieron plaza, como a
médicos extracomunitarios. Asimismo, esta norma también contempla que los
actos de asignación de las plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) para la próxima convocatoria sean solo telemáticos.
Tal y como informó en su momento el Ministerio de Sanidad, de esas 10.000 plazas vacantes, las CCAA podrán contratar a
4.577 médicos sin especialidad, así como 2.802 psicólogos, 917 farmacéuticos, 557 biólogos, 161 químicos y 93 físicos. Respecto al
número de profesionales extracomunitarios, la medida permite contratar a 234: 153 se encuentran pendientes de realización de prácticas profesionales; 81 de realizar una formación complementaria y 282 pendientes de la superación de una prueba teórico-práctica.
Parte del articulado que ha generado discordia en la profesión
En concreto, el artículo 2 de este de decreto, en su punto 1, “se autoriza la contratación de personas con grado, licenciatura o diplomatura que carecen aún del título de Especialista reconocido en España, para la realización de funciones propias de una especialidad"; y en su punto 2 establece que
el contrato "permitirá el desempeño de la actividad asistencial y podrá prolongarse hasta doce meses".
|
El RD 29/2020 ha encontrado la oposición de sociedades científicas, colegios profesionales y sindicatos
|
En el apartado A establece que "podrán ser contratados bajo la modalidad contractual prevista en el RD 1146/2006", que regula el periodo de residencia, "los profesionales que realizaron las pruebas selectivas 2019/2020 de formación sanitaria especializada y que,
habiendo superado la puntuación mínima en el ejercicio, no resultaron adjudicatarios de plaza”. Y en el B, la contratación de profesionales extracomunitarios (es decir, cuyo título de especialista no está reconocido en la Unión Europea) "siempre que el Comité de Evaluación les haya emitido el informe".
En cuanto al Artículo 3, denominado 'Prestación excepcional de servicios del personal médico y de enfermería estatutario, laboral y funcionario', establece medidas para destinar al personal sanitario libremente a otros servicios del mismo centro, a otros centros, a unidades asistenciales de otra especialidad y la
movilidad entre hospitales y centros de salud, así como la asignación en cualquiera de ellos de personal estatutario y funcionario en función de su título.
La OMC lo denunciará ante Europa y CESM convoca huelga general
Ante su publicación, diferentes organizaciones del sector sanitario han rechazado su contenido y han pedido expresamente su retirada. De hecho, la
Organización Médica Colegial (OMC) ha anunciado que
denunciará la norma ante la Unión Europea. La corporación médica considera que "el texto aprobado por el ejecutivo español vulnera las orientaciones sobre la libre circulación de los profesionales sanitarios y la armonización mínima de la formación en relación con las medidas de emergencia contra la Covid-19, según las recomendaciones relativas a la directiva 2005/36/CE. Esta directiva establece normas sobre el reconocimiento trasfronterizo de las cualificaciones profesionales. En el caso de determinadas profesiones sectoriales, como los médicos, la Directiva también establece requisitos mínimos de formación a nivel de la UE".
Por su parte, la
Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha convocado para el
próximo 27 de octubre una
huelga general indefinida contra este decreto tras, según manifiestan, no haber sido convocado por el Ministerio de Sanidad para dialogar y establecer un calendario de negociaciones. “El RDL 29/2020 ataca al Sistema Nacional de Salud. Pedimos que lo retiren y dialoguemos para buscar alternativas”, explicaba a Redacción Médica Gabriel del Pozo, secretario general de CESM.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.