“No distinguir entre
activos y pensionistas en temas de
copago farmacéutico”. Esta es una de las principales recomendaciones que ha hecho al
Gobierno de España el estudio independiente sobre ‘Crisis económica y salud en España’ encargado por el
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social que dirige
María Luisa Carcedo.
En las más de
250 páginas del documento, en el que se analiza cómo ha impactado la
crísis económica en el sistema sanitario y la salud de los españoles, los
economistas de la salud aconsejan al Ejecutivo estatal “extender
el tope de gasto mensual que se aplica a personas pensionistas a
personas en edad activa”. De esta forma, se apuesta por no solo liberar del copago a los pensionistas sino también a las r
entas más bajas y que aquellos
pensionistas con rentas altas pasen a pagar los fármacos como el resto de población.
En este mismo sentido, el estudio firmado por los economistas de la salud
Juan Oliva (Universidad de Castilla-La Mancha),
Beatriz González López-Valcárcel y Patricia Baber (Universidad de las Palmas de Gran Canaria),
Rosa Urbanos (Universidad Complutense)
y Néboya Zozaya (Fundación Weber), aboga por extender la exención del copago a aquellos pacientes donde hay evidencia científica de que
sus tratamientos son esenciales para el mantenimiento de su salud.
En su argumentativo, el documento asegura que los copagos reducen el consumo innecesario de servicios sanitarios,
“pero también el necesario”. “Si la finalidad de un copago no es recaudatoria sino incidir en la asignación racional de los recursos, no tiene sentido la distinción entre activos y pensionistas,
sino la distinción por renta y estado de salud”, han indicado.
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