El contexto que falta a los audios del Hospital de Torrejón

Hace unos días el diario El País publicaba una información que contenía un audio del CEO de Ribera Salud, la empresa gestora del hospital público de Torrejón, en el que Pablo Gallart supuestamente instaba a personal del centro a recortar prestaciones en favor de una mejora en las cuentas.

Ante la polémica generada en la opinión pública por esta información, la empresa apeló a interpretar esas palabras atendiendo al contexto (el audio está "descontextualizado", dijeron), mientras que la Consejería de Sanidad de Madrid ponía sobre la mesa inspecciones con las que demostrar que la prestación asistencial había sido la correcta.

Desde entonces esa grabación publicada ha sido objeto de controversias políticas (principalmente) y alguna profesional, ya que el de Torrejón es uno de los centros hospitalarios públicos que en España operan bajo el modelo de gestión público-privado, una vía de administración relacionada tradicionalmente con el arco parlamentario de la derecha en nuestro país, y que la izquierda ha criticado de forma continuada, con Madrid y la Comunidad Valenciana como epicentros de este debate.

Pero, ¿cuál es el contexto que rodea a Ribera y qué ha podido desembocar en la crisis que aún colea?

Los modelos de gestión público-privada en España han sido diversos, con fórmulas exploradas en Cataluña de forma pionera desde los comienzos de la democracia, pero que en la Comunidad Valenciana, bajo los gobiernos del Partido Popular (PP), tuvieron una expresión singular con el llamado 'modelo Alzira', con el que Ribera Salud encontró su primera razón de ser, llegando a gestionar en este ámbito público valenciano los departamento de salud -incluía Atención Primaria- de Alzira, Manises, Dénia, Torrevieja y Elche-Vinalopó.

Todo comenzaba con el nuevo siglo en el llamado Hospital de La Ribera, en Alzira, y fue creciendo poco a poco, con los presidentes populares Eduardo Zaplana, José Luis Olivas, Francisco Camps y Alberto Fabra. Paralelamente, la Esperanza Aguirre presidenta de la Comunidad de Madrid también recurrió a esta fórmula para algunos de los siete nuevos hospitales que puso en marcha, como es el caso de Torrejón, que estuvo gestionado también en alguna etapa por Sanitas. La satisfacción del paciente, la eficiencia y el desarrollo profesional eran algunos de los argumentos que esgrimía el modelo.

Pero las urnas se le tuercen al PP en la Comunidad Valenciana en 2015. Llega el socialista Ximo Puig de la mano de Compromís. Y debajo del brazo traía, como una de las apuestas electorales estrella, recuperar la gestión directa de todos los hospitales concesionados a Ribera. Puig da el mando en Sanidad a la médica socialista Carmen Montón, que abandera con intensidad el comienzo del desmantelamiento del 'modelo Alzira', y que después de tres años de consellera se encuentra de rebote (el candidato inicial era Rafael Bengoa) con el premio de ser ministra del primer Gobierno de Pedro Sánchez. Un máster de dudosa procedencia acaba en pocos meses con su carrera política en Madrid, mientras que en Valencia el llamado 'Pacto del Botanic' (de gobierno entre PSPV y Compromís) sigue con su hoja de ruta con consellers de un perfil político más bajo, como la abogada Ana Barceló y el médico Miguel Mínguez.

Lógicamente, ante este retroceso del negocio, la situación empresarial no es la misma y Ribera busca viabilidad dejando entrar en su capital a la aseguradora americana Centene, que acaba controlando la compañía con un 90 por ciento gracias a que compra también su participación al Banco Sabadell. La estrategia cambia, y empieza a adquirir pequeños y medianos hospitales por toda España, al tiempo que realiza inversiones similares muy testimoniales fuera de nuestras fronteras. Son centros que pueden concertar o no con la administración, pero no son públicos de gestión privada. Los americanos siguen confiando en Alberto de Rosa, el ejecutivo sin el que Ribera Salud no se entendería desde sus orígenes; un perfil directivo muy ligado al PP valenciano. Junto a él también promocionan a Elisa Tarazona, una médica gestora incluso con currículo asistencial en la compañía. Dos caras visibles respetadas en el sector por sus trayectorias.

Julio de 2023 marca otro hito para Ribera: el Partido Popular vuelve al Palau de la Generalitat gracias a Carlos Mazón. Los votantes habían echado abajo el 'Pacto del Botanic', y las expectativas en torno al modelo Alzira parecían cambiar. Sin embargo, el nuevo conseller, el doctor Marciano Gómez, en algunas de sus primeras intervenciones ya deja claro que no se iban a recuperar las concesiones desandadas y que las que quedasen por expirar tampoco se trabajaría en su renovación. El modelo, más allá de si llegó a funcionar o no, quedaba varado por el desgaste político que los populares entendían que le había acarreado en la propia Comunidad Valenciana.

"El clima preelectoral y polarizado que vive España, que ha calado desde lo político a lo social, está siendo la tormenta perfecta contra una empresa que lleva un cuarto de siglo operando en España"

A esas alturas hacía un año largo que Centene había vendido el grupo hospitalario a la francesa Vivalto Santé, con unas cuentas que arrojaban pérdidas continuas. La sorpresa (al menos para quien no vivía el ambiente interno) llega en mayo de 2025, cuando el presidente del grupo, Emmanuel de Geuser, ejecutaba el despido de De Rosa y Tarazona y aupaba a Gallart, otro directivo de-toda-la-vida de Ribera que había estado en un segundo plano, centrado en las finanzas, y que pasó a ser CEO por designación directa de los nuevos propiertarios. Pocos se podian imaginar una Ribera sin De Rosa.

Desde que se publicaron los audios de Gallart, Ribera está siendo foco informativo constante de algunas de las principales cabeceras de la prensa generalista española, que han ido informando, entre otras cuestiones, de que el despido de Alberto de Rosa y Tarazona está judicializado porque la empresa les acusa de deslealtad e incumplimientos muy graves; también se han deslizado episodios de nepotismo en la anterior etapa gestora de Torrejón; y se están aireando contratos y operaciones que afectarían a la relación que a día de hoy mantiene Ribera con la Generalitat Valenciana y su entorno.

El clima preelectoral y polarizado que vive España, que ha calado desde lo político a lo social, está siendo la tormenta perfecta contra una empresa que lleva un cuarto de siglo operando en España, en un sector tan sensible como el sanitario, y que más allá de la discusión política que ahora aflora no ha vivido crisis reputacionales relevantes achacables a su actividad asistencial. Hasta el momento. Ahí está el contexto, o buena parte de él, para que cada uno componga la escena como considere.