El
Consejo de Estado ha redactado un dictamen que evalúa el proyecto de Real Decreto-ley por el que se regulan los
fondos europeos previstos para hacer frente a la crisis sanitaria, social y económica derivada de la
pandemia provocada por el coronavirus. Aunque considera que "el proyecto merece en su conjunto una opinión favorable", el Consejo trasladada su
"preocupación" ante la eliminación o modulación de mecanismos de control. Esta normativa hace alusión al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, a los Planes NextGenerationEU o al React-EU, que llevan asociada una inversión de 2.945 millones de euros en la sanidad española.
En el documento, al que ha tenido acceso
Redacción Médica, el organismo pone en relieve que "es cierto que un contexto como el actual, de crisis sanitaria, social y económica, demanda una cierta modulación de las exigencias derivadas del principio de estabilidad presupuestaria, hasta el punto de que
la Unión Europea ha flexibilizado la aplicación de las normas europeas sobre finanzas públicas y políticas presupuestarias".
Sin embargo, destaca, "esa mayor flexibilidad en la aplicación del rigor presupuestario no ha de conducir a una eliminación de todos los controles de naturaleza económico-presupuestaria, máxime cuando está previsto que se trate de
instrumentos cuyos efectos se puedan prolongar durante algo más de quince años, en un ámbito tan sensible a la existencia de dichos controles como es el de los convenios administrativos".
El dictamen, que no es vinculante, fue reclamado por el Partido Popular y Ciudadanos, que han acusado al Gobierno de ocultarlo.
Medidas económicas frente al Covid
El Consejo de Estado aprecia el "esfuerzo" realizado por el Gobierno "para articular en tan breve plazo un conjunto de medidas que tienen como principal objetivo permitir una mejor gestión y ejecución de las diferentes actuaciones financiables con fondos europeos, posibilitando así que España pueda, en el actual contexto de crisis sanitaria, social y económica, beneficiarse de dichas ayudas, que suponen -como afirma el preámbulo- “
una oportunidad extraordinaria para nuestro país", destaca el informe.
Además, el dictamen considera "oportuno" que el preámbulo comience con una exposición de las distintas medidas de corte económico adoptadas por las instituciones europeas para hacer frente a la
crisis provocada por el Covid-19 y, en particular, "de los distintos mecanismos que integran el Instrumento Europeo de Recuperación. En el articulado se hace referencia a dicho Instrumento, al
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, a los Planes NextGenerationEU o al React-EU; pero la explicación que contiene el preámbulo sobre este extremo es insuficiente y poco clara".
Fondos contemplados en los PGE 2021
Los
Presupuestos Generales del Estado 2021 detallan el desglose de los
2.945 millones de euros invertidos en la sanidad española y financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y con la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU).
La 'Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU)', con un importe de 2.423 millones, financia, entre otros, el programa Marco estratégico de Atención Primaria y Comunitaria, por cuantía de 1
.089 millones de euros; la adquisición de vacunas frente a la Covid-19 por un total de 1.011 millones de euros, y Proyectos Vertebradores del Sistema Nacional de Salud, por importe de 225 millones de euros.
Por su parte, la partida del 'Mecanismo de Recuperación y Resiliencia está dotado de 522 millones de euros que contempla, entre otras partidas, un
Plan para la renovación de las tecnologías sanitarias en el Sistema Nacional de Salud, dotado con400 millones.
Modernización de las Administraciones públicas
El Consejo de Estado advierte que el Real Decreto Ley "no aborda una revisión del modelo administrativo español que pueda ser equiparable a la
modernización del conjunto de las Administraciones Públicas", tal como consta en el redactado del mismo, que hace alusión a “medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia".
El proyecto de
Real Decreto-ley atribuye una gran importancia a la colaboración público-privada, subraya el Consejo, que advierte que la "colaboración público-privada, lejos de configurarse siempre como la solución más idónea, también plantea algunos inconvenientes". En este sentido, subraya que "
debe determinarse para cada proyecto si la opción de colaboración ofrece una ventaja real en relación con las demás posibilidades y, en concreto, con la adjudicación más clásica de un contrato, evitando el recurso a ella sistemáticamente y sin un previo análisis de las ventajas e inconvenientes de todas las opciones disponibles.
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