En su batería de promesas para
atender las demandas del colectivo médico, el PP dirigió el foco hacia el sistema de
financiación autonómica. A través de una carta dirigida a los facultativos, Alberto Núñez Feijóo prometió que, si logra ser presidente del Gobierno, impulsará una
pieza separada para la sanidad dentro de los fondos públicos “para hacer posible el cumplimiento de cualquier compromiso con recursos suficientes, así como para garantizar la sostenibilidad del sistema en su conjunto”. La propuesta, no obstante, genera ciertas dudas entre los expertos por su ambigüedad. Según el director de la Fundación de Estudios del Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, si el presidente del PP estuviera refiriéndose a “un cambio cualitativo en el sistema”, la iniciativa sería, cuando menos, “controvertida” y
podría no sólo “limitar” la autonomía económica de las regiones, sino también afectar a “la eficiencia” de los recursos procedentes del Estado.
En declaraciones a
Redacción Médica, el economista recuerda que en el sistema actual de financiación autonómica no hay, en efecto, un apartado específico para la sanidad, pero apunta que “las necesidades de gasto sanitario” -que, fundamentalmente, se miden a partir de la estructura por edades de la población- “sí se tienen en cuenta a la hora de repartir los recursos del sistema”. La cuestión es que, aun así,
las comunidades autónomas no están obligadas “necesariamente” a destinar a la sanidad la financiación teóricamente ligada a ese ámbito. “Aunque, en la práctica, creo que todas las regiones, o al menos la gran mayoría, gastan más”, advierte el experto.
Dos interpretaciones de la propuesta del PP
Por ello, para De la Fuente, “la propuesta de Feijóo no es nada concreta”: “Podría querer decir simplemente que en la negociación del nuevo sistema habría que prestar más atención al cálculo de las necesidades de gasto sanitario, pero también podría entenderse como una
propuesta de introducir algún grado de condicionalidad en la financiación de la sanidad que obligue a gastar en esa función los ingresos que el sistema le asigna”. El primer caso, según el economista, “no sería problemático ni controvertido”: “Creo que todo el mundo está de acuerdo en la importancia de la sanidad para las comunidades autónomas”.
El problema, según el director de Fedea, estaría en querer exigir a las regiones que dirijan un porcentaje concreto de los fondos estatales a cuestiones sanitarias: “Podría ser un cambio cualitativo en el sistema. Seguramente sería controvertido, y personalmente creo que sería mala idea porque limitaría innecesariamente la autonomía de las comunidades autónomas para gastar sus presupuestos de la forma que consideren más oportuna, lo que
probablemente redundaría en una menor eficiencia”.
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