El presidente de Gobierno,
Pedro Sánchez, anunció el pasado 20 de enero la
aprobación de la subida salarial del 2 por ciento para los empleados públicos, entre los que se encuentran los
médicos y enfermeros del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, siete meses después y en plena
crisis del coronavirus Covid-19, algunas comunidades autónomas se están descolgando del
incremento salarial aprobado en Consejo de Ministros, como Islas Baleares o Extremadura.
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El
II Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, firmado en 2018 por el Gobierno de España y las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF; contempla una
subida fija del 2 por ciento y de un 0,3 por ciento de fondos adicionales para 2020 que, según denuncia CCOO, algunas comunidades autónomas no están aplicando. Además, lleva asociado un
incremento retributivo asociado a la evolución del PIB que, dada la situación económica tras la pandemia del coronavirus, no van a cobrar los profesionales sanitarios.
"Ya lo denunciamos en la última reunión que tuvimos con el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública.
Hay autonomías que están incumpliendo la subida salarial del 2 por ciento", advierte Antonio Cabrera, secretario general de la FSS-CCOO y una de las partes negociadoras del acuerdo. En concreto, "se trata de
Extremadura, Islas Baleares y Comunidad Valenciana, aunque en esta región hay acuerdo para pagarlo con carácter retroactivo", añade el representante sindical.
Como adelantó Redacción Médica, este incremento salarial del 2 por ciento supone un aumento retributivo de unos
65 euros mensuales para los médicos y 50 euros para los profesionales de Enfermería. "Le avisamos también de que hay regiones en las que
los fondos adicionales no se están distribuyendo tampoco como consta en el acuerdo, y eran de aplicación directa, están obligados a pagarlo", reivindica.
Compromiso del secretario de Estado
"El compromiso del secretario era convocar a todas las comunidades autónomas para decirles que tenían que cumplir el acuerdo, que es nacional.
Si no lo hacen cumplir, lo vamos a denunciar y llevar a juicio", advierte Cabrera, que cree que no hay excusa para que los médicos y enfermeros, que han estado en primera línea contra el Covid-19, no reciban su incremento salarial.
"Dicen que no tienen presupuesto y están presionando al Gobierno Central. Pero me da igual,
que recorten de otro sitio, no de los salarios de los empleados públicos, que el 2 por ciento no es una barbaridad. Es verdad que es de las comunidades más afectadas, pero no lo van a pagar los empleados públicos", denuncia Cabrera en referencia a Islas Baleares.
Por su parte, el Ejecutivo balear, presidido por socialista
Francina Armengol, estima que la congelación salarial le permitirá un ahorro de unos 39 millones de euros este año, "para hacer frente a las consecuencias derivadas de la pandemia del coronavirus".
La consejera de Administraciones Públicas y Modernización,
Isabel Castro, ha justificado la medida en la necesidad de "poder seguir contratando profesionales, en un momento como el que estamos viviendo, en servicios esenciales como pueden ser salud, educación y el resto de servicios esenciales de los servicios generales". Además, ha recordado que,desde que se decretó el estado de alarma por el Covid-19
"el Servicio de Salud ha contratado a 900 profesionales sanitarios para reforzar todos los niveles asistenciales, a los que se unirán en breve 40 rastreadores".
Tercer Acuerdo
Antonio Cabrera, a la espera de una
próxima reunión con el Ministerio de Función Pública, lamenta que el resultado del Acuerdo firmado con el Gobierno no haya resuelto los problemas de la sanidad española. "Nuestra valoración no puede ser positiva porque el acuerdo tenía dos objetivos: reducir la temporalidad, algo que no se ha cumplido de forma notable porque quedan muchísimas plazas por convocar; y recuperar el poder adquisitivo que habíamos perdido, cerca del 1,5, que tampoco se ha conseguido", subraya el representante de CCOO. "
Por eso reclamamos un Tercer Acuerdo y de forma inmediata".
"En septiembre se debaten presupuestos y, si esto no se incluye, no sirve para nada", advierte Cabrera, que señala la urgencia de urgencia de
culminar las ofertas de empleo público ordinarias y los procesos de estabilización y consolidación.
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