La Sociedad Española de Cardiología (SEC) ha acusado a Farmaindustria de haber decidido “unilateralmente la tributación de los gastos formativos a los médicos, atentando además a su intimidad al hacer públicos sus datos”. Los cardiólogos han reclamado a la patronal que retire “su imposición” en un posicionamiento comunicado después de que el Ministerio de Hacienda haya hecho pública su decisión de que los profesionales sanitarios tengan que tributar por las transferencias de valor que reciben de la industria farmacéutica para asistir a congresos y sesiones científicas.
“¿Por qué este cambio ahora?”, lamenta la sociedad científica. “Desde la SEC se considera que la decisión por parte de Farmaindustria, unilateral y arbitraria, de atribuir los gastos de formación a los médicos como si fueran ingresos que no reciben en ningún caso, ha sido el detonante de la decisión del Ministerio de Hacienda”.
Los cardiólogos cargan particularmente contra la última renovación del código de autorregulación de Farmaindustria, que dicta que los laboratorios publicarán las ya citadas transferencias de valor individualizadamente, una decisión tomada previa consulta con la Agencia de Protección de Datos.
Piden a Hacienda que rectifique la decisión de la Agencia Tributaria (AEAT) puesto que así se "dilapida" la formación de estos profesionales y contribuirá a un probable deterioro de la calidad asistencial del Sistema Nacional de Salud (SNS).
La SEC avisa además de que esto va a conllevar que los facultativos reduzcan su asistencia a actividades formativas cuando son claves para "garantizar el mejor tratamiento posible para sus enfermos en cada momento". "Un médico mal formado, no actualizado en sus conocimientos, no es capaz de proporcionar el mejor tratamiento a sus enfermos y, además, produce un aumento del gasto para el sistema", ha señalado esta sociedad científica .
Además, entiende que esa responsabilidad formativa es del empleador, en este caso la sanidad pública, y por ello reclama al Ministerio de Sanidad y las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas que inste a un cambio en la normativa tributaria y asuma su responsabilidad.
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