Javier Barbado / Imagen: Miguel Fernández de Vega. Mogán (Gran Canaria)
La directora general de Programas Asistenciales del Servicio Canario de Salud, Antonia María Pérez, ha expresado su temor de que, al ser la comunidad canaria polo atractor de turistas, éstos opten por acudir al archipiélago a tratarse en lugar de en sus países de origen, dado el menor coste que va a tener el tratamiento en España al estar cubierto en buena parte por el Sistema Nacional de Salud.
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Antonia María Pérez, directora general de Programas Asistenciales del Servicio Canario de Salud, junto a José Díaz-Flores, director general de Salud Pública del Servicio Canario de Salud.
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Pérez ha precisado que, conforme a lo pactado este jueves en el pleno del Consejo Interterritorial, los nuevos tratamientos para la hepatitis C costarán a esta comunidad autónoma alrededor de 30,5 millones de euros, lo que incluye el abordaje terapéutico de los pacientes en cualquier estadio de fibrosis hepática.
Hasta ahora, las terapias utilizadas para tratar la enfermedad costaban alrededor de 40.000 euros por paciente, pero las nuevas combinaciones han reducido esta cifra a unos 27.000 euros (de ahí el dato aportado por Pérez, pues se estima que existen en el archipiélago 1.130 personas susceptibles de recibir la terapia).
De acuerdo con José Díaz-Flores, director general de Salud Pública del Servicio Canario de Salud, un aspecto importante de la financiación de la enfermedad por las administraciones autonómicas es que no computará como déficit para sus presupuestos.
Según ha recordado, a su vez, Pérez, hasta este jueves 26 se ha mantenido vigente una estrategia ahora reemplazada por el nuevo plan. En aquélla ya se contemplaban cuestiones como la evaluación clínica, determinación de genotipo y subtipo de carga viral, procedimientos diagnósticos como la determinación del polimorfismo IL28B y Q8OK. “Se trata de una patología para la que los centros, por tanto, deben requerir de cierta infraestructura para disponer de los resultados de forma ágil y protocolizada”.
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Pérez dice por qué teme la afluencia de turistas a la terapia.
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A partir de la entrada de daclastavir y otros fármacos, las comunidades autónomas están obligadas a llevar un registro, seguimiento y revisión periódica de los enfermos de hepatitis C.
Pérez ha recordado la necesidad de una resolución expresa para que cualquier fármaco (como, por ejemplo, el simeprevir y el telaprevir) fuera de la financiación pública de los medicamentos pase a ser sufragado, tal como condicionan la Ley de Garantías y los informes de posicionamiento terapéutico, que tienen carácter vinculante.
La directiva también ha mencionado la obligación, por parte de las comunidades autónomas, de facilitar la adquisición de medicamentos por medio de centrales de compra.
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Un momento de la conferencia de Antonia María Pérez.
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Historia de la enfermedad
En el caso de los antivirales para la hepatitis C, Pérez ha subrayado la novedad de los medicamentos que la tratan y que ahora se baraja incluir entre los financiados por la sanidad pública. Acto seguido, ha repasado los inicios de la enfermedad, de la que comenzaron a describirse los primeros casos en las últimas décadas del siglo pasado, por entonces conocidos como “hepatitis no A no B”.
De acuerdo con Pérez, el 3 por ciento de la población mundial padece hepatitis C de evolución crónica. Antes de 2012, se trataba con interferón combinado con ribavirina, lo cual acarreaba importantes efectos secundarios aparte de la incomodidad de la administración de primero. En ese año aparece el boceprevir y el telaprevir, y ya entonces se publicó un anexo en el boletín estatal en el que se instaba a su incorporación a la financiación pública.
En marzo de 2013, vio la luz el informe de posicionamiento terapéutico que lo indicaba, y, un año después, se creó el Grupo de Coordinación para el Posicionamiento Terapéutico (ya se comercializaron fármacos como el simeprevir y el telaprevir). Ya en 2015, han aparecido otros como daclastavir, ha precisado esta directiva.
Sanidad penitenciaria
El 25 por ciento de la población reclusa, como mínimo, es portador del virus de la hepatitis C, lo que exige la asunción de proyectos específicos para la sanidad penitenciaria, según ha puntualizado Pérez en el tramo final de su intervención, en la que ha subrayado la relevancia de este aspecto en el contexto del plan estratégico nacional contra la enfermedad.
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