Las
comunidades autónomas instan a un
cambio normativo que ponga fin al turismo sanitario descontrolado y a la atención de ciudadanos desplazados de forma 'gratuita', la cual cuesta al año varios millones de euros a las arcas públicas que posteriormente difícilmente se pueden recuperar. Mediante la modificación de la L
ey Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social o la creación una nueva, las regiones instan al Ministerio de Sanidad a regular lo que califican de “agujero en las cuentas autonómicas” debido a las miles de facturas que se quedan sin abonar por parte de los turistas extranjeros que no disponen de seguro de salud o de Tarjeta Sanitaria Europea.
En concreto, entre las propuestas recabadas por
Redacción Médica, varias regiones proponen un modelo basado en cobrar vía datáfono la asistencia sanitaria recibida antes de dejar el propio hospital para que el cobro de la asistencia vuelva directamente a las cuentas autonómicas.
Aproximadamente, la asistencia médica urgente a turistas extranjeros genera anualmente un gasto que se aproxima a los 1.500 millones de euros. De éstos, apenas se recupera un tercio,
unos 500 millones. Un hecho que ha llevado a varias comunidades a contratar a recaudadores internacionales que se encarguen de cobrar esas facturas.
El turismo sanitario irresponsable supone un "grave problema" principalmente en las comunidades autónomas más turísticas,
principalmente las regiones costeras y la Comunidad de Madrid. Estas son las regiones que acumulan un mayor importe de facturas impagadas, tanto por extranjeros como por desplazados, y algunas de ellas han iniciado acciones para recuperar el gasto realizado. Baleares ha contratado a un recaudador, la Comunidad Valenciana ha reclamado la deuda al Gobierno central y otras autonomías directamente estudian instaurar datáfonos en los hospitales y centros de salud.
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La asistencia médica urgente a turistas extranjeros genera anualmente un gasto que se aproxima a los 1.500 millones de euros
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En el caso de
Baleares, las islas acumulan más de siete millones de euros de facturas impagadas por extranjeros atendidos en equipamientos sanitarios durante sus vacaciones, a cierre de abril de este año. Por esa razón el Govern ha movido ficha para acabar con esta práctica y ha contratado a un recaudador para cobrar a los turistas morosos de la sanidad. Así, el Ejecutivo insular se ha reforzado con un servicio de cobro en el extranjero de facturas por asistencia sanitaria a pacientes con domicilio fuera de España emitidas por el
Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut). El Govern justifica esta acción, que costará más de dos millones de euros, en que así se da "respuesta al impago de estas facturas, dada la complejidad especial para localizar a estos pacientes, notificar válidamente las facturas emitidas y articular los medios para hacer efectivos los cobros correspondientes".
Facturas de desplazados sanitarios
Además del turismo sanitario,
los desplazados sanitarios en España también suponen un serio perjuicio a las comunidades autónomas que atienden una mayor cantidad, ya que provocan un gasto adicional no estimado, aumentan las listas de espera y dificultan la tarea para facturar el importe con posterioridad.
Los
desplazados sanitarios son las personas de otras autonomías o de otros países que pasan sus vacaciones o tienen sus segundas residencias en el territorio en el que reciben asistencia médica puntual o periódica en el mismo, lo que genera un gasto para las arcas públicas de la Administración que le atiende y que difícilmente recuperará en el futuro. Es el caso que denuncia la
Comunidad de Madrid, la cual reclama un sistema que permita recuperar el coste que supone el atender a ciudadanos empadronados en otros servicios autonómicos.
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El pleno del Consell de la Generalitat Valenciana cifra la deuda en 803,2 millones de euros y ha autorizado a la Conselleria de Sanidad
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El pleno del Consell de la Generalitat Valenciana cifra la deuda en 803,2 millones de euros y ha autorizado a la Conselleria de Sanidad, que lidera Miguel Mínguez,
a reclamar este dinero al Gobierno central para la atención sanitaria a pacientes de otras comunidades autónomas, así como a pacientes extranjeros que son atendidos en los hospitales o centros de Atención Primaria.
El grueso de la deuda,
635,5 millones de euros, corresponde a la atención especializada a desplazados nacionales, que la Generalitat tendría que haber recibido a través del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA). Por su parte, la Conselleria factura la atención sanitaria a los ciudadanos extranjeros, es decir, aquellos que cuentan con la Tarjeta Sanitaria Europea o procedentes de países con convenio de asistencia. No obstante, son las comunidades quienes facturan la atención a estos pacientes, pero los pagos que realizan los terceros países por los cuidados a sus ciudadanos se transfieren a través de la
Administración del Estado.
¿Qué pueden hacer los hospitales?
Ante esta grave problemática a la que se enfrentan desde hace años las administraciones autonómicas, además de las medidas anunciadas, las consejerías de Sanidad estudian de otras similares a las que se utilizan en la actualidad en Estados Unidos, donde los extranjeros de visita al país atendidos por un problema de salud sin seguro médico
deben abonar el importe del servicio antes de poder marchar.
En algunas regiones una de cada tres facturas a terceros nunca se consiguen cobrar, lo que ha provocado que se pongan encima de la mesa medidas como comprobar en el momento de la atención las garantías en cuanto a disposición de Tarjeta Sanitaria Europea, ciudadano procedente de país con convenio de asistencia o seguro médico del paciente y, si no tiene, dotar al hospital o centro de salud de datáfono para poder cobrar o de un tarifario para cobrar.
La implantación del datáfono ha sido una de las principales propuestas estudiadas por varias administraciones sanitarias, así como Servicios de Salud y hospitales. Sin embargo, es una medida con muchas aristas, en la que también
estaría implicada la consejería de Economía, y podría suponer un perjuicio en la atención entre las diferentes comunidades autónomas, así como crear un nuevo debate en el seno del
Sistema Nacional de Salud.
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