Ciudadanos quiere que el Ministerio de Sanidad garantice la igualdad en el diagnóstico y tratamiento de la
epilepsia a lo largo del territorio nacional. La formación ha registrado una
batería de preguntas parlamentarias sobre esta enfermedad en el Congreso de los Diputados, en cuya exposición de motivos denuncian la
falta de recursos diagnósticos para mejorar el tratamiento de la epilepsia que a su juicio existe en algunas comunidades autónomas.
Las preguntas, que vienen firmadas por el diputado
Francisco Igea, se interesan en concreto por la situación de la
monitorización con vídeo-electroencefalografía (video-EEG), una de las principales herramientas diagnósticas frente a la epilepsia. En concreto, Igea plantea si el Ministerio sabe "si hay alguna Comunidad Autónoma que no cuente con esta técnica", si existen
listas de espera únicas en los centros de referencia a fin de que no se produzcan inequidades en la espera" y finalmente interroga si tiene previsto el Gobierno "comunicar esta inequidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud".
El diputado plantea en su exposición de motivos que "a día de hoy, existen hospitales públicos de toda una provincia que no cuentan con esta prueba diagnóstica, como puede ser el caso de Alicante". Una situación que, en su opinión, supone, además de los
inconvenientes de desplazamientos para los ciudadanos que padecen esta patología, el que las listas de espera en sus respectivas Comunidades Autónomas se disparen en los centros que sí disponen de esta prueba dada la alta prevalencia de la epilepsia. Si bien somos conscientes de que la gestión sanitaria es competencia de las comunidades autónomas, consideramos que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad debe velar por la igualdad de los ciudadanos y la mejora de la coordinación de los diferentes servicios existentes.
El
vídeo-EEG es una prueba que permite registrar crisis epilépticas mediante la monitorización prolongada del paciente y su
actividad electroencefalográfica. Esta herramienta también es útil para ajustar el tratamiento de casos de epilepsia que nos responden a los fármacos habituales y, también, para diagnosticar cuándo las crisis son de origen nervioso y el paciente debe ser valorado por otro servicio. Se estima que pueden existir entre 200.000 y 250.000 ciudadanos que padecen esta patología en nuestro país, con diferentes manifestaciones clínicas y repercusiones en su vida diaria.
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