Eduardo Ortega Socorro. Madrid
A pesar de los esfuerzos que las autoridades responsables del Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP) están realizando para dejar claro que la sanidad no será un aspecto que este tratado toque, la sociedad europea es escéptica al respecto. En diversas ocasiones, varios actores sociales han mostrado su desconfianza respecto a que los sistemas nacionales de salud de los estados miembro y sus políticas puedan estar ajenos a los efectos del tratado.
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Giovanni La Via, presidente de la Comisión de Salud Pública del Parlamento Europeo.
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Este clima de escepticismo tiene su reflejo en las enmiendas que han presentados los parlamentarios de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria de la Cámara Baja de la Unión Europea al proyecto de opinión que este órgano va a elevar sobre el TTIP. En ellas, se refleja el ánimo de garantizar los derechos de los ciudadanos europeos sobre el medicamento y los servicios sanitarios.
De hecho, varias de las propuestas de los parlamentarios están destinadas a que el tratado no impida avances de la UE en materia de medicamentos o ensayos clínicos, con un énfasis especial en lo que respecta a la nueva normativa aprobada el año pasado. Como reza la enmienda 220, propuesta por el belga Bart Staes, que los cambios no “perjudiquen el acceso público a los datos sobre ensayos clínicos de medicamentos, en particular de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 536/2014 sobre los ensayos clínicos de medicamentos de uso humano, y de acuerdo con las políticas correspondientes de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA)”.
Beneficio de los ciudadanos
Sin embargo, una de las que cuenta con más firmantes (propuesta por Herbert Dorfmann, Tom Vandenkendelaere, Christofer Fjellner, Andrey Kovatchev, Françoise Grossetête, Aldo Patriciello, Giovanni La Via, Norbert Lins, Alojz Peterle, Elisabetta Gardini y Alberto Cirio) es la 179, y en ella se “subraya que las negociaciones sobre el sector sanitario y farmacéutico deben redundar en beneficio de los ciudadanos ofreciéndoles el acceso a productos y servicios médicos de alta calidad a precios asequibles mediante un aumento de los conocimientos científicos transfronterizos y la supresión de inspecciones y procesos de aprobación innecesarios y laboriosos; pide que se acelere la aprobación de nuevos medicamentos y productos sanitarios, y que se establezca una cooperación en materia normativa que cree sinergias y evite inspecciones y procesos de aprobación laboriosos en el sector, manteniendo la más alta calidad de los productos y servicios”.
Por otro lado, también hay iniciativas destinadas a salvaguardar la independencia de los estados miembro a la hora de decidir los precios de los medicamentos. Este es el caso de la enmienda 232, firmada por Eleonora Forenza, Lynn Boylan y Teresa Rodríguez-Rubio, que se opone a que se “limiten, de forma directa o indirecta, la competencia nacional de los Estados miembros para establecer sus políticas de precios y reembolsos con miras a garantizar un acceso sostenible a medicamentos asequibles”.
Con todo, también hay que decir que no hay, todavía, menciones sanitarias en la opinión de la comisión. Habrá que esperar a que se voten las citadas enmiendas este martes.
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Segundo grupo de enmiendas
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