David García / Carlos Cristóbal. Imagen: Miguel Fernández de Vega / Cristina Cebrián. Madrid
A tenor de lo visto antes de su inicio, Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas tienen mucho trabajo si quieren sacar adelante un acuerdo sobre la atención sanitaria a inmigrantes ‘sin papeles’ en la Comisión de Prestaciones que se celebra este miércoles en la sede ministerial. Las diferencias políticas han marcado el inicio de una reunión en la que, mientras las autonomías gobernadas por el PP apoyan sin fisuras el registro propuesto por el Gobierno central, las socialistas abogan directamente por la derogación del RD 16/2012.
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En la imagen, a la izquierda, Agustín Rivero, director general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia junto a Rubén Moreno, secretario general de Sanidad y Consumo, que preside la reunión.
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Una de las voces más conciliadoras antes del inicio del encuentro ha sido la de Julio Zarco, director general de Coordinación de la Atención al Ciudadano y Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, quien ha querido recalcar que todas las regiones coinciden en el punto “más importante”, la asistencia a estos pacientes. “Lo que esperamos es llegar a un consenso para que se pueda dispensar una atención universal y gratuita a todos los inmigrantes, regulándolo para que todos hagamos lo mismo y tengamos unos mínimos comunes”, ha detallado.
En la misma línea se ha mostrado el director general de Asistencia Sanitaria de Castilla y León, José Jolín, para quien “el acuerdo es posible porque estos puntos son asumibles por todas las comunidades y el Sistema Nacional de Salud”.
La voluntad de alcanzar un acuerdo por parte de las comunidades con gobierno popular no ha sido compartida por los representantes de aquellas con ejecutiva socialista o nacionalista. Uno de los más tajantes a la hora de expresarlo ha sido el subdirector del CatSalut, Francesc Brosa, quien ha aclarado que “nosotros vamos a seguir igual”. “Lo que buscamos es un acuerdo de mínimos, no dar pasos atrás”, ha añadido.
El registro de pacientes en situación irregular y la expedición de un documento acreditativo, que no una tarjeta sanitaria, es el principal punto de desencuentro entre las partes. En ese sentido, Zarco ha defendido la propuesta realizada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad asegurando que la Comunidad de Madrid apuesta por no pedir tarjeta sanitaria, sino un documento acreditativo. “No es porque no se quieran expedir, sino porque la tarjeta es una llave que les permite ir tanto a otras comunidades autónomas e incluso al resto de la Unión Europea”, ha apuntando antes de afirmar que “debemos modularlo con respecto al territorio nacional y europeo”.
Jolín, por su parte, ha incidido en la necesidad de acreditar a los pacientes atendidos por motivos que, más allá de la gestión, afectan directamente a los afectados: “Cualquier paciente que pertenezca al SNS o que esté en territorio nacional debe estar identificado para hacer una historia clínica y que los profesionales puedan actuar con seguridad”.
La derogación o no del RD 16/2012 ha copado la polémica sobre este tema, que los socialistas ya intentaron discutir en el último Consejo Interterritorial celebrado el pasado 29 de julio. Sobre la normativa, el director general de Coordinación de la Atención al Ciudadano y Humanización de la Atención Sanitaria, Julio Zarco, ha indicado que, “posiblemente habría que revisarlo, analizarlo y valorar hasta qué punto es necesario retirarlo o no, porque contempla aspectos positivos como la atención sanitaria a parados de larga duración”.
La representante andaluza, Celia Gómez, directora general de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por su parte, ha insistido en la retirada del RD 16/2012 “y volver a la sanidad universal que estaba establecida antes de ese RD” y ha considerado que “esa es la base sobre la que debe girar la discusión”.
Preguntada sobre la posibilidad de que haya no ya un acuerdo entre las autonomías, sino un simple acercamiento, Gómez no se ha querido pronunciar. Más flexible se ha mostrado respecto al registro de inmigrantes y en este sentido ha afirmado que esperarán a conocer la propuesta exacta del Ministerio al tiempo que ha recordado que en Andalucía los inmigrantes irregulares están incluidos en la base de datos de usuarios del SAS. Ha defendido además que estos ciudadanos tengan tarjeta sanitaria y ha advertido que uno de los mayores inconvenientes que aprecia en el borrador que ha desarrollado el Ministerio es que cuando un inmigrante cambiara de comunidad, no tendría garantizada la asistencia. Por último, ha precisado que hay elementos de ese texto que no tienen sentido en Andalucía “tal vez por ser una región frontera”, ha justificado.
Más cercanas a las posiciones del Ministerio se han mostrado comunidades como Murcia y La Rioja, que a su entrada a la reunión han manifestado que comparten los criterios desarrollados por Sanidad y se han mostrado además flexibles para llegar a un acuerdo.
A la reunión también han acudido representantes del Ingesa por Ceuta y Melilla, que se han mostrado igualmente cercanos a las tesis de Sanidad, y un representante del Ministerio del Interior que ha indicado que lejos del contenido del texto, su misión era garantizar que se ajuste a la normativa vigente. A este respecto ha indicado que el problema principal es definir correctamente y con precisión qué es un inmigrante irregular y qué condiciones tiene que cumplir.
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