Blindaje sanitario con "suelo de gasto" ante los recortes de Bruselas

La Europa de los ‘Veintisiete’ ha acordado unas nuevas reglas de disciplina fiscal destinadas, en esencia, a reducir la deuda pública de los Estados miembros tras la crisis del Covid-19. Se trata de un marco más flexible que, aunque ampara algunas de las reivindicaciones de los llamados ‘halcones’ del euro, con Alemania a la cabeza, permitirá “proteger la inversión pública” en asuntos capitales (incluido el refuerzo de la sanidad). Así lo aseguró la ahora presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, aunque los sindicatos no lo tienen tan claro. Tanto CCOO como UGT y CSIF temen que los ajustes pactados en Bruselas supongan una “vuelta a la austeridad” de la pasada década, y llaman a consolidar un “suelo” de gasto en salud para no repetir “errores”.

El acuerdo, que en palabras de la propia Calviño puso el “broche de oro” a la presidencia española del Consejo de la UE, no constituye un ‘cheque en blanco’ para los Estados miembros, cuyos niveles de déficit ya quedaron encorsetados tras la crisis económica de 2008. No obstante, sí se ha conseguido que la reducción anual de la correlación de la deuda sea de solo un 1 por ciento del PIB para aquellos países con un índice superior al 90 por ciento (y del 0,5 por ciento PIB para deudas de entre el 60 y el 90 por ciento). El límite del déficit seguirá siendo del 3 por ciento del PIB, y el de la deuda, del 60 por ciento.

Hasta ahora, los países debían reducir anualmente su ratio de deuda en una vigésima parte del exceso sobre ese nivel de referencia del 60 por ciento, lo que se antojaba imposible tras la guerra de Ucrania y el consecuente encarecimiento de los precios. 

"Descapitalización" de la Atención Primaria

En España, este nuevo marco fiscal supondrá un ajuste aproximado de 15.600 millones de euros, algo que ha activado las alarmas entre los sindicatos. Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), de hecho, advierten de que el país ya lleva “años con una austeridad manifiesta”, pues “no ha habido ninguna época de bonanza económica en cuanto a los Presupuestos” desde antes de 2008. “Es más, estos años, el porcentaje de PIB dedicado a sanidad no ha crecido, estando casi dos puntos por debajo de la media de los países de la OCDE”, explica a Redacción Médica Fernando Hontangas, responsable del área de Sanidad de la central.

"Reducir más los presupuestos de sanidad significaría una descapitalización cuasi completa, por ejemplo, de la Atención Primaria"

En este sentido, subraya que la “vuelta a la austeridad” no puede suponer “más recortes en la sanidad”, especialmente en la Atención Primaria, pues conllevaría su práctica “descapitalización”.

Inversión asegurada en sanidad y educación

Una solución pasa por garantizar un “suelo de gasto” para que “nunca se pueda bajar de un porcentaje en la inversión de servicios públicos”, especialmente en sanidad y educación, para blindar estas partidas en periodos de crisis. Desde UGT lo comenzaron a reclamar, precisamente, tras los recortes derivados de la crisis de 2008: “En nuestras propuestas siempre hay una inversión adecuada en estos servicios”, deslizan fuentes de este sindicato.

Lo cierto es que las centrales han comenzado a movilizarse para evitar que los nuevos “recortes” mermen al sistema sanitario. “La austeridad significa más pobreza, que las personas pierdan sus hogares y que muchos no tengan acceso a la atención médica que necesitan. No lo consentiremos”, denunció recientemente CCOO, que advirtió que “no es compatible” ajustar el déficit y la deuda a un “ritmo irreal” cuando se precisan “inversiones necesarias para la transición digital y energética”. “La Unión Europea no puede repetir errores de la década anterior o el coste será definitivo”, sentencian.