El Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030 ha llevado a cabo, de la mano de hasta ocho expertos, un
pormenorizado análisis sobre el sistema de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en dependencia, donde alerta de la
lentitud de las solicitudes y las necesarias mejoras laborales.
En concreto, la cartera liderada por Ione Belarra augura un
gran crecimiento del empleo de los
cuidados profesionales dentro del sector de la dependencia y establece la “
necesidad” de mejorar la
“estabilidad en el empleo, la calidad y la remuneración salarial” de los trabajadores sociosanitarios.
Por un lado, el organismo destaca la
disminución de la temporalidad que ha vivido el sector y lo califica como
“un paso positivo”. Sin embargo, al
comparar esta disminución con la
persona trabajadora tipo de la economía española, en la atención a la dependencia se detecta una “
mayor presencia relativa de los
contratos eventuales a tiempo parcial”.
Desde Derechos Sociales también ligan un aumento de la
calidad en el empleo a un incremento salarial. “Mejorar los salarios y reducir las diferencias salariales por género es una
exigencia inaplazable para la mejora de la calidad del empleo en dependencia”, asegura el informe elaborado por los ocho expertos.
Las trabajadoras ganan un 38 por ciento menos
Además, en el aspecto salarial se han detectado unas
“claras” diferencias de género que sitúan las ganancias de los hombres para el periodo 2009-2020 hasta en un
38 por ciento más que las de las mujeres. En concreto, sitúan el salario medio de una trabajadora en 15.983 y de un trabajador en 22.212 euros.
Esta diferencia es mayor que la registrada en los servicios (9,44 por ciento) y en la economía en su conjunto (28,35 por ciento). “Esto pone de manifiesto una
mayor precariedad y discriminación salarial de las mujeres en el sector de la dependencia que en el sector servicios y en la economía en general”, resalta el Ministerio.
Necesidades de empleo a largo plazo en dependencia
En cuanto al volumen de empleos, el sector de la dependencia ha acumulado una década de crecimiento y la perspectiva es que aún crezca más. Según Derechos Sociales, se ha producido un
aumento del 65,49 por ciento entre 2008 (273.000 empleos) y 2021 (452.000 empleos) siendo 374.000 el número medio de personas ocupadas en el sector entre 2008 y 2021 y registrando un mayor dinamismo en la generación de empleo que la economía española en su conjunto.
Un crecimiento que ha seguido un
ritmo anual de 4,06 por ciento frente al dato negativo del -0,36 por ciento que ha registrado el conjunto de la economía en dicho periodo. “Esta diferencia de 4,42 puntos porcentuales sugiere un gran dinamismo del sector. Como consecuencia, la importancia relativa del sector en el empleo de la economía española ha ido aumentando gradualmente desde el 1,29 por ciento registrado en 2008 hasta el 2,25 por ciento estimado para 2021, con ligeros retrocesos en 2011 y 2015”, reza el informe.
Respecto al futuro, las proyecciones realizadas son muy halagüeñas para el sector. “Estimamos que las necesidades de profesionales de los cuidados se incrementarán desde 452.000 en 2022 a 648.000 en 2040, registrando una tasa media de crecimiento del 2,11 por ciento y ascendiendo a
212.000 los puestos de trabajo acumulados creados entre 2022 y 2040”, prevén desde Derechos Sociales.
Problemas de acceso al SAAD
Estas predicciones laborales podrían verse aumentadas si las comunidades autónomas lograran
erradicar las deficiencias detectadas en el acceso al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Este tiene un sistema de acceso basado en dos grandes fases (valoración y personalización), que comprenden tres procesos (valoración y reconocimiento de la dependencia, evaluación de la capacidad económica y asignación de prestaciones o servicios en el PIA).
Para Derechos Sociales, este modelo general es similar a los principales sistemas de atención a la dependencia y parece, hoy por hoy, el más satisfactorio de los posibles. No obstante, considera que existen
dificultades que complican la gestión eficaz del SAAD que tienen que ver con la
agilidad y la flexibilidad.
“Por lo que se refiere al conjunto de las dos fases, en una parte muy importante de los casos y en buena parte de las CCAA, se trata de un
proceso inaceptablemente lento y que incumple las previsiones de la ley”, reivindican.
El segundo tipo de dificultades tiene que ver con la flexibilidad y se manifiesta sobre todo en la segunda fase de “personalización” o elaboración del PIA. “El PIA tiende a convertirse en una simple forma de “elegir” de una lista cerrada de servicios con precios y con
numerosas incompatibilidades”, reclaman.
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