Autorización médica y más garantías frente al 'trasvase' de bajas a mutuas

El ‘trasvase’ a las mutuas de parte de la carga asistencial sanitaria para reducir las listas de espera no termina de seducir a los agentes sociales. “Son los profesionales de la salud quienes deben hacerlo”, sentencian las fuentes sindicales consultadas, que sostienen que el problema de base es la escasez de plantillas. Exigen además una regulación con “más garantías” que evite posibles “conflictos de interés” y en la que los facultativos tengan un papel prominente.

El plan que trata ahora de desplegar el Ministerio de Seguridad Social tiene su origen en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva suscrito el año pasado por CCOO, UGT, la CEO y Cepyme. En dicho documento ya se hacía alusión a la necesidad de “realizar un mejor aprovechamiento de los recursos de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social” sin modificar las “actuales competencias de los servicios públicos de salud”.

Por el momento, la idea es volcar sobre las mutuas la realización de pruebas diagnósticas y tratamientos de rehabilitación y terapéuticos en procesos de incapacidad temporal (IT) por contingencias comunes traumatológicas (que son el origen de un tercio de las bajas). “Todo ello se llevará a cabo con respeto de las garantías de intimidad, sigilo, confidencialidad, consentimiento informado y coordinación con el profesional sanitario del Sistema público de salud”, especifica el acuerdo.

Sin embargo, las patronales son favorables a conceder a las mutuas un papel mayor. Según las fuentes consultadas por Redacción Médica, CEOE y Cepyme quieren que sean ellas las que hagan pruebas “y den el alta médica” para rebajar la carga del sistema sanitario y, por ende, reducir las listas de espera.

Falta de personal y conflictos de interés en la asistencia

La posición de las patronales choca de bruces con la de los sindicatos, que son contrarios a dar más competencias a este tipo de organizaciones. Fuentes de CCOO apuntan al respecto que el objetivo es conseguir “un texto con más garantías”, por ejemplo, “exigiendo que el médico del sistema de salud dé su consentimiento para que el paciente se someta a pruebas o tratamientos a través de las mutuas”.

“Es decir, que cada acto médico deba llevar aparejada la correspondiente autorización del médico de cabecera o especialista de la pública”, añaden.

Tampoco la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) apoya la medida. Desde la central que abandera Miguel Borra argumentan que el problema radica esencialmente en la escasez de personal de la sanidad, lo que pretende corregir con un nuevo pacto de estado de recursos humanos.

“Son los profesionales de la sanidad los que deben dar las bajas y las altas a los trabajadores, no las mutuas”, sentencian estas fuentes, que inciden en que un ‘trasvase’ de competencias a estas asociaciones puede dar lugar a “conflictos de intereses que se cargarán sobre las espaldas del trabajador”.

“Los criterios para dar el alta deben ser solo científico-técnicos, no económicos”, añaden.