Redacción. Madrid
La oposición ha reaccionado rápidamente ante la afirmación del secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, en la que señalaba que devolver la asistencia a los inmigrantes irregulares puede conllevar graves sanciones por parte de la Unión Europea. Moreno hizo esta afirmación este jueves en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, e incluso se brindó a asesorar a los nuevos consejeros por si desconocían este extremo.
Para Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, la atención sanitaria es "una cuestión de derechos humanos", pero también "de control de las epidemias". Por ello, ha replicado al Ministerio de Sanidad que no atender a los inmigrantes en situación irregular supone "un riesgo para toda la población".
Además, ha alertado de que "si la atención sanitaria primaria excluye a una parte importante de la población, alguna de ella que viene de países tropicales con enfermedades que son ajenas a nosotros y por tanto tienen un impacto muy fuerte en la sociedad, no podemos hacer el control de epidemias", lo que supone "un riesgo para toda la población".
Respecto a las sanciones, Oltra ha dicho que cuestiona "muchísimo" que "una medida de sentido común que es hacer un control de salud pública y de que no se extiendan las epidemias sea sancionable, porque es una cuestión de sentido común, además de que es una cuestión de cumplir los derechos humanos y, por tanto, de humanidad".
El PSOE no tolera amenazas
Por su parte, el portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, José Martínez Olmos, considera una "amenaza inadmisible" que el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, haya advertido de la posibilidad de multas millonarias a las comunidades autónomas que han devuelto la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles.
"Las comunidades autónomas lo hacen en el marco de sus competencias y el que debe rectificar su posición equivocada es el Gobierno. Si hay amenazas de multas deberían ser al Gobierno", ha insistido.
A su juicio, en el Ejecutivo "están nerviosos porque la iniciativa de las comunidades autónomas les ha desmontado su estrategia electoralista", tras el anuncio del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, de que iba a dar asistencia a los inmigrantes.
También Izquierda Unida (IU) ha terciado en la polémica. El diputado de IU, Ricardo Sixto, ha alertado de la gravedad de no proporcionar cobertura sanitaria a personas que están en una situación "desesperada", generando así "desigualdad y peligro".
En cambio, Unión, Progreso y Democracia (UPyD), a través de su diputado Rafael Calduch, ha avisado a las comunidades autónomas que han decidido devolver la atención sanitaria a los inmigrantes 'sin papeles' que la legislación de la UE hay que cumplirla, tal y como les advirtió ayer el número dos de Sanidad, Rubén Moreno, indicando que Europa podría imponerles multas millonarias.
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