El Gobierno continúa avanzando en el blindaje legislativo del derecho al aborto. El
Consejo de Ministros de este martes ha dado luz verde a la reforma del artículo 43.3 de la Constitución. Así, el objetivo es claro: garantizar el derecho a la
interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional, con todas las prestaciones y servicios necesarios. “Damos hoy el primer paso”, ha asegurado en rueda de prensa la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
“Hay un riesgo cierto que pone en peligro los derechos de las mujeres sobre su cuerpo”, ha añadido. Por ello, ha insistido en que lo que se pretende es "
blindar lo que está en riesgo". No obstante, consciente de que se necesitará el aval de la derecha para que la reforma sea efectiva, ha añadido que, una vez completada esta fase, el Gobierno se reunirá con
el Partido Popular.
El bindaje del aborto: un largo letargo lesgilativo
"Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva, con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio." Este es el literal que el Ejecutivo pretende incorporar a la Constitución al añadir un cuarto apartado al artículo 43. Para el Gobierno, el pretexto es evidente: la seguridad de las mujeres está en riesgo. "No está en riesgo la libertad de las mujeres, pero sí el ejercicio real y efectivo en todo el territorio nacional", ha matizado la ministra.
Fue en octubre cuando el
Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto para modificar la Carta Magna mediante el procedimiento ordinario. Según explicó entonces Ana Redondo, esta reforma es la respuesta "urgente" del Ejecutivo ante una "ola reaccionaria" que amenaza con un "recorte de derechos".
Redacción Médica ya había adelantado en enero que el dictamen
estaba a punto de salir a la luz, aunque finalmente fue aprobado a finales de febrero.
El siguiente paso será conseguir el apoyo necesario para que la medida se haga efectiva. La Constitución contempla dos mecanismos para la reforma: el primero de ellos, regulado en el artículo 167, es el que se va a llevar a cabo. Ahora, no se trata de una tarea simplea, ya que se necesitará el apoyo de tres quintas partes del Congreso y del Senado.
En este sentido, Redondo ha asegurado que el Gobierno se reunirá con el
Partido Popular "una vez pasado el Rubicón", añadiendo que el objetivo es conseguir
el mayor consenso posible. No obstante, ha recordado que, si no se consigue la mayoría cualificada en el Parlamento, cabría la posibilidad de configurar una comisión paritaria entre el Congreso y el Senado para redactar y proponer un nuevo texto, que sería votado nuevamente. En este caso, bastarían dos tercios en el Congreso y la mayoría absoluta en el Senado. Sin embargo, es el Partido Popular quien tiene la mayoría absoluta en la Cámara Alta. Así, desde el Ministerio de Igualdad se ha reclamado "altura política" a los de Feijóo, pidiendo una alianza con la "inmensa mayoría que avala la
interrupción voluntaria del embarazo".
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