El
Consejo de Ministros ha aprobado este viernes en Barcelona la
subida salarial de los
empleados públicos para 2019, entre ellos médicos y enfermeros, así como el resto de profesionales sanitarios del
Sistema Nacional de Salud (SNS), que será como mínimo del 2,25 por ciento, cifra a la que podrá sumarse un 0,25 por ciento ligado a la
En un escenario de máximos, la subida salarial para los sanitarios podría alcanzar el 2,75%
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y otro 0,25 por ciento procedente de fondos adicionales.
En total, en un escenario de máximos, la
subida salarial para los sanitarios podría alcanzar el 2,75 por ciento, aunque para ello el PIB
tendría que crecer el próximo año un 2,5 por ciento y la previsión es que lo haga un 2,3 por ciento.
"El Gobierno quiere impulsar el esfuerzo del sector público tras la crisis. Necesitamos recuperar garantías de derechos de los ciudadanos. Necesitamos dotar a las instituciones de los recursos necesarios.
Hoy necesitamos recuperar los recursos en todos los ámbitos. Recursos económicos y materiales, pero también humanos. La Administración tiene un problema de envejecimiento", ha explicado
Meritxell Batet, ministra de Política Territorial, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Fue el propio presidente del Gobierno quien anunció que el
Consejo de Ministros aprobará este viernes tanto la subida del
SMI como la de las retribuciones de los funcionarios.
Acuerdo aplicado
Este incremento del salario de los empleados públicos es fruto de un acuerdo que los sindicatos alcanzaron con el Gobierno del PP y que e
l Ejecutivo socialista se comprometió a aplicar.
"El Gobierno quiere impulsar el esfuerzo del sector público tras la crisis"
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Los sindicatos de la Función Pública venían reclamando desde hace semanas al Gobierno que procediera a aprobar esta subida por decreto ante el retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 y la consiguiente
prórroga presupuestaria de los de 2018.
Las
organizaciones sindicales no querían demoras en la aplicación de la subida salarial para los empleados públicos. Dejar ésta en manos de los Presupuestos de 2019 o de un decreto posterior al mes de enero habría supuesto su aplicación con efectos retroactivos,
una fórmula que ya se ha utilizado en otras ocasiones y que los sindicatos no querían que se repitiera.
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