Aprobada la Ley de Ciencia que reconoce al personal investigador sanitario

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley que modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y que introduce reformas en la carrera científica para dotar de más estabilidad al personal investigador. La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha destacado en rueda de prensa que este texto reconoce por primera vez al personal investigador sanitario, "aquel que dedica el 50 por ciento de su tiempo a investigación en hospitales y centros de salud". 

"Se mandata a las administraciones públicas y CCAA que incorporen de manera estable investigadores al Sistema Nacional de Salud (SNS) con categorías específicas", ha añadido la ministra, que ha subrayado que la reforma contempla que la tasa de reposición será la misma para investigadores que para profesionales del SNS.

A este respecto, Morant ha puntualizado que el texto recoge las "singularidades" del sistema de Ciencia y establece un contrato indefinido que no consume tasa de reposición. "Se considera al personal científico como esencial y prioritario a efectos de tasa de reposición, en la misma categoría que el personal sanitario", ha agregado.

Dignificar las condiciones del personal investigador

Al comienzo de la comparecencia, la ministra ha anunciado que se trata de un texto “transformador” que cumple con dos demandas “unaninimes”: dignificar las condiciones de trabajo y garantizar una financiación publica, eficiente y estable en  I+D+i alineada con los requisitos de la Unión Europea. "Incorporamos por Ley el compromiso de alcanzar una inversión pública en I+D+i del 1,25 por ciento en 2030 que, con el apoyo del sector privado, nos permitirá llegar al compromiso del 3 por ciento que establece la UE", ha informado. 

Según la titular de la cartera ministerial, esta reforma viene a reparar los fallos de un sistema de ciencia e innovación, agravados durante una década de recortes, que provocó la destrucción de miles de plazas públicas, precariedad en las carreras, envejecimiento de las plantillas, la fuga del talento científico de nuestro país y un tapón de toda una generación de investigadores e investigadoras.

"España da un paso definitivo para salir de la crisis por la puerta del futuro, apostando por la ciencia y la innovación como pilares de transformación de nuestro país", ha celebrado.

Aplicación de la perspectiva de género en los proyectos

Esta iniciativa también pretende logar una "ciencia justa" mediante la aplicación de la perspectiva de género en sus proyectos, obligando a las universidades y organismos públicos a integrar la dimensión de género.

"La ciencia tiene que ser justa y los ensayos clínicos tienen que tener en cuenta las repercusiones de la vida en hombres y mujeres. Un ejemplo, ¿por qué es más fácil prever un infarto en un hombre que en una mujer? Porque la ciencia no contemplaba la misma proporción entre hombres y mujeres en los ensayos y no se tienen tan identificados los síntomas del infarto en mujeres que en hombres. Por tanto, vamos a corregir este sesgo de género social en los resultados científicos por no haber tenido en cuenta a hombres y mujeres por igual", ha desarrollado.
 
Asimismo, se incluyen por primera vez artículos específicos sobre igualdad de género para lograr una "igualdad real" y se crea un distintivo de igualdad de género para centros de investigación, universidades y centros de innovación que tengan criterios de excelencia en igualdad de género.

Itinerario postdoctoral de "incorporación estable al sistema"

El anteproyecto recoge un itinerario postdoctoral de "incorporación estable al sistema". Así, para los postdoctorales que quieran acceder al sistema, la duración del contrato será de entre 3 y 6 años, con prórrogas de, al menos, un año. Además, fija que las situaciones de "incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia, violencia de género o terrorista", interrumpirán el cómputo del plazo límite de duración del contrato, así como de su evaluación.

Según este nuevo modelo de contrato, el personal investigador con contrato postdoctoral en universidades públicas, Organismos Públicos de Investigación (OPI), fundaciones o consorcios públicos, podrá optar a una evaluación de la actividad investigadora a partir de la finalización del segundo año de contrato, con el objeto de conseguir la estabilización en el sistema, esto es, que tras haber superado dicha evaluación, el personal investigador obtendrá una certificación como "investigador establecido", que además conllevará mejoras salariales.

Además, aprobar esta prueba les eximirá de realizar partes de las pruebas para acceder al sistema público, y se les reservará un mínimo del 15 por ciento de la tasa de reposición para este tipo de contratos en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) en las universidades y del 25 por ciento en los OPI.

Para esta modalidad de contrato se propone una indemnización por fin de contrato. En este caso, el investigador tendrá derecho a recibir "una indemnización de cuantía equivalente a la prevista para los contratos de duración determinada en el artículo 49 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores".

Por otro lado, el borrador incorpora un nuevo contrato indefinido para "todo tipo de personal de investigación" que realice actividades científico-técnicas.

"Los contratos de actividades científico-técnicas, de duración indefinida, podrán estar vinculados a la existencia de financiación externa o financiación procedente de convocatorias de ayudas públicas en concurrencia competitiva asociada a los mismos durante su vigencia", señala el texto, que precisa que estos "no formarán parte de la Oferta de Empleo Público".

Este tipo de contrato vendría a sustituir a los contratos por obra y servicio, muy extendidos en el sistema científico español y que, sin embargo, desaparecen con la reforma laboral. Sin embargo, con su entrada en vigor al completo, el 30 de marzo de 2022, estos investigadores quedarían en el 'limbo' hasta la aprobación de la nueva Ley de la Ciencia.

Al igual que los postdoctorales, el borrador también reconoce el derecho a indemnización de los investigadores predoctorales. En concreto, el texto propone "una indemnización equivalente a 12 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año", medida que además será retroactiva, a aplicar a aquellos que actualmente tienen contrato como aquellos contratados a partir de la entrada en vigor de la norma.