Juanma Fernández / Imagen: Joana Huertas. Madrid.
Antonio Alarcó es cirujano en el Hospital Universitario de Canarias y ocupa las portavocías del Partido Popular tanto en el Ayuntamiento de La Laguna como en la Comisión de Sanidad del Senado. Político por vocación y defensor de la Cámara Alta como órgano democrático (“ningún país avanzado carece de ella”), este profesional ha respondido a las preguntas de Redacción Médica en un momento oportuno para hacer balance del Gobierno popular mientras el Ejecutivo en funciones se mantiene por la falta de acuerdos entre los partidos.

Antonio Alarcó, senador y portavoz del Partido Popular en la Cámara Alta.

En los últimos meses, el Real Decreto de prescripción enfermera está originando muchas protestas. ¿Se ha hecho mal?

Lo de que casi todo el mundo protesta habría que cuantificarlo porque la mayoría es silenciosa, que es la que lleva a este país. Hay que consensuar las medidas de prescripción de qué cosas y quién lo hace. Que haya enfermeros, médicos, fisioterapeutas… no es un capricho de la naturaleza sino que son profesiones sanitarias que tienen una misión definitiva cada una. Para cambiar esas misiones, hay un problema de responsabilidad detrás y hay que buscar grandes consensos poniendo todas las cartas sobre la mesa, y fijarnos qué se hace en Europa.

¿Cree que hay que reformularlo?

Estoy a favor de que ese conflicto se clarifique y se haga incluyendo a todas las partes, también la sanidad europea.

Se les ha acusado de privatizar la sanidad, ¿lo han hecho?

El Tratado de Maastricht y el de Lisboa, al que yo fui como representante de España, dice que los países signatarios del acuerdo tendrán una sanidad pública de financiación libre: es decir, que lo haga quien sea mejor con un sistema de acreditación. Pero no se puede privatizar. Por tanto, no perdamos tiempo en el modelo porque lo tenemos definido. Sobre el papel, una operación de vesícula cuesta, por ejemplo, 1.000 euros en un hospital público y la mitad en uno privado. ¿Por qué? Pues porque en el público tiene unas obligaciones de 300 médicos de guardia, todas las especialidades de guardia… En un privado con acreditación, las responsabilidades son distintas. ¿Qué queremos? Que el paciente elija. Pero que quede claro: no se puede privatizar la sanidad, así que no usemos demagogia. Otra cosa es que no guste una externalización o un concierto.

¿Entonces qué decir de las ‘Mareas blancas’?

Yo respeto que haya compañeros que crean que todo debe ser absolutamente público, hasta servicios como la lavandería. Ahora bien, también deben de aceptar que se puede hacer de otra manera. Lo que no pueden decir es que se privatiza porque no se puede.

Los costes de la sanidad pública respecto a la privada.

Quizá hubiera ayudado algo más de transparencia en los conciertos.

Sí, en eso estoy de acuerdo. Transparencia, medios de comunicación y, por supuesto, que no se hagan trapicheos con los conciertos.

Lo que parece que ha sido patente es que en estos años se han quitado camas o cerrado quirófanos.

Es que el proceso no ha sido agradable. Lo de abrir los quirófanos por la tarde, en cualquier caso, es un programa extraordinario, no ordinario. Y eso que yo estoy a favor de una sanidad disponible las 24 horas, los 365 días del año. Pero es que si no se hace un país viable, los primeros afectados son los más débiles y el Estados del bienestar. Y han sido los ajustes lo que han hecho a España viable.

¿Ajustes o recortes?

Una cosa es un recorte y otra, ajuste, que es lo que se ha hecho.  Si se deben 18.000 millones de euros y sigue así, se gripa. Entonces qué se debe hacer: ajustarlo porque el país no era viable.

¿Ha afectado esto a la universalidad?

En España no se ha dejado de atender a nadie en un hospital y no se le ha preguntado cómo se llama o qué color de piel tiene. Pero hay que regularla porque no es un saco sin fondo: no se puede hacer política con la sanidad sino política sanitaria. Lo que hay que hacer es una cartera de servicios universal y no 17 carteras distintas, como se ha intentado en más de una ocasión.

La polémica del Real Decreto de prescripción enfermera.

Otro de los grandes temas es el copago farmacéutico, que ya parece que todos los partidos aceptan, cada uno con sus matices. ¿Están satisfechos con su modelo?

El copago ha existido siempre; ahora bien, hay que regularlo. Se debían 18.000 millones de euros y resultaba inviable por lo que se ha hecho un sistema de copago sensato en el que las capas menos favorecidas pagan lo que tienen que pagar: el parado, nada; el anciano, nada o lo mínimo.

Sobre gestión de la sanidad, ¿qué retos se plantean?

Es absolutamente necesaria una profesionalización masiva de la gestión porque el cargo de confianza nunca ha tenido nada que hacer. Además, esto carece de ideología, es algo técnico: yo no opero de derechas, de izquierdas o de centro. Si la gestión no tiene criterios de calidad, el sistema fracasa.

Pero esto se complica cuando, por ejemplo, la Consejería catalana acaba con conciertos y el gerente del hospital afectado ve cómo cambia su situación.

Si tuviéramos un pacto por la sanidad, la consejería tendría un impacto mínimo, local. Si vamos por la vía de la sanidad catalana o de otro lugar, vamos por mal camino porque los localismos son ineficaces. El bajón de la sanidad catalana es patente por esto y lo que tendría que hacer el consejero Comín es, por ejemplo, preocuparse de pagar a los proveedores.

Profesionalización de la gestión.

Un informe de la OCDE indica que en España el sector sanitario representa un 8 por ciento de toda la población activa cuando en países como Noruega es casi del 20. ¿Faltan profesionales?

No podemos mezclar lo inmezclable, como compararnos con Noruega. De todas formas, posiblemente habría que aumentar el personal sanitario que tenemos por cama, pero no todo sino por especialidades de la hospitalaria, la primaria, la secundaria y la terciaria. Primero, eso sí, hay que planificar para no tirar el dinero. Aunque ya quisieran Suecia o Dinamarca tener la sanidad que tiene España; si bien estos países tienen una tradición de comportamiento social en la que el ciudadano casi se siente agobiado porque todo está hecho por ‘Papá Estado’.

¿Entonces no es necesaria una inversión de 35.000 millones, como cree Podemos?

El programa de Podemos da la sensación de estar carente de estudio y sus responsables, cuando hablan de sanidad, dista mucho lo que dicen de lo que ocurre en la realidad. Además, para una inversión así hay que planificar: ¿qué cartera de servicios quiere usted pactar con todos los españoles: toda, una parte, quiere hacer implantes dentales, mamoplastias…? Y hay que racionalizar el gasto, sino no conduce a nada. Relacionar la inversión con la mejoría es un error.

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