Redacción. Madrid
Las diferencias entre PP y PSOE en relación a una legislación sobre muerte digna han quedado, una vez más, patentes en el Congreso de los Diputados. Y es que mientras los socialistas reclaman una ley estatal que, aseguran, la ciudadanía reclama, desde el Ministerio de Sanidad el mensaje es inamovible: la ley actual garantiza tanto ese derecho como el de recibir cuidados paliativos.
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Alfonso Alonso, ministro de Sanidad, y José Martínez Olmos, portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso.
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Ante la petición de regularizar la muerte digna a nivel nacional, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso se ha referido a ley 41/2002. “Esta norma incluye las garantías para morir con dignidad y el derecho de los ciudadanos a unos cuidados paliativos para hacer los más llevadero posible su tránsito”, ha afirmado. Asimismo, ha recordado a los socialistas que “ustedes siempre presentan este proyecto de ley cuando saben que no lo van a aprobar”. “Durante ocho años en el Gobierno no lo hicieron; por algo será”, ha concluido.
Por su parte, el portavoz del PSOE en materia sanitaria dentro de la cámara, José Martínez Olmos, incidido en la importancia de establecer una normativa “para que todos los ciudadanos tengamos los mismos derechos en todos los territorios”. “Parece mentira, pero en España no hay garantías ustedes se han negado a aprobar una ley de muerte digna para todos”, ha achacado Olmos al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, al que a su vez ha acusado de no ejercer como “responsable máximo” de la sanidad y dejar los asuntos exclusivamente en manos de las autonomías.
“Antes con Ana Mato y ahora con usted, ha sido una legislatura de Ministerio sin cabeza”, ha declarado Olmos antes de añadir que “se la han pasado esquilmando derechos y echando a 30.000 profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS)”. “Han desatendido una de las herencias más valiosas de este país”, ha concluido.
El portavoz socialista ha hecho referencia al caso de Andrea, la niña fallecida el pasado 9 de octubre previa batalla legal emprendida por sus padres para conseguirlo alegando que “nos tiene que hacer tener pudor con la sociedad”. Ante esta declaración, el ministro se ha mostrado tajante, asegurando que “el de Andrea es un caso para la comprensión y no para el oportunismo político ni para realizar anuncios electorales”. “No somos los políticos quienes tienen que decir a los médicos qué deben hacer”, ha sentenciado.
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