La
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha rebajado su exigencia de consenso autonómico para poner
precio a los
medicamentos en su
último informe Spending Review 2018. La institución propone modificar la composición actual de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos y Productos Sanitarios (CIPM), corresponsabilizando a las comunidades de las decisiones que en ellas se tomen. Además, sugiere la
creación de una autoridad independiente que garantice la reevaluación de los medicamentos y las condiciones de la
financiación.
En la actualidad la composición de la CIPM parece no estar adecuadamente equilibrada, según las consideraciónes de la AIReF, que destaca que las comunidades autónomas tienen una influencia baja en la
toma de decisiones (solo 3 de 11 miembros votantes), a pesar de que asumen mayoritariamente el
gasto farmacéutico a través de sus presupuestos.
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Las autonomías pasarían de tener menos del 30% de votos a acumular dos tercios de los mismos
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Reparto de votos
Para revertir esta situación, la institución propone una
nueva composición de la CIPM. Así, la Administración Central (MSCBS y MINHAP) deberían presidir la Comisión con, únicamente, un tercio de los votos. Su
función como presidente sería ejercer el arbitraje, facilitar los acuerdos y garantizar la equidad. Por su parte, las comunidades autónomas tendrían dos tercios de los votos.
Además, la AIReF pone sobre la mesa la posibilidad de crear un órgano de instrucción que tendría como funciones las
proyecciones del gasto y presupuesto farmacéutico, considerando la información del
pipeline de medicamentos; el apoyo a la toma de decisiones, la elaboración de análisis técnicos y la presentación de los mismos a la CIPM.
Este organismo, además, sería responsable de ejecutar las propuestas de
actualización e integración de sistemas de información, y de revisión sistemática de las condiciones de reembolso, con la incorporación de cláusulas de revisión automática y revisiones periódicas de condiciones de financiación de medicamentos ya financiados e incorporar a su vez de forma sistemática el
análisis coste-efectividad en la determinación del reembolso y condiciones de financiación de los medicamentos.
La mayor presencia de las comunidades autónomas daría visibilidad a sus
problemas con el gasto y la dispensación de medicamentos, considera la AIRef; que añade: "No hay evidencia que permita evaluar qué efecto en precios se derivaría de un cambio de esta naturaleza, pero considerando las entrevistas y las sesiones de trabajo realizadas, es de esperar una potencial mejora en el procedimiento actual, que redundaría en una mejor toma de decisiones, y tendría un impacto alto".
El nuevo órgano de instrucción debería nutrirse de los
recursos técnicos y humanos, pero necesita mayor dotación. Para conseguirlo, podría tomar la forma de autoridad independiente conforme a lo establecido en la Ley 40/2015 y podría financiarse a partir de una tasa cargada a los laboratorios, destaca el informe.
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