La no aprobación del
proyecto de ley de Presupuestos Generales del 2019 ha acelerado un adelanto electoral confirmado este viernes por el presidente
Pedro Sánchez: las
elecciones generales serán el
28 de abril. El siguiente paso será disolver las Cortes del Estado el próximo 5 de marzo.
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"El objetivo era reconstruir el Estado del bienestar; recuperando la universalidad de la sanidad pública"
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Durante su comparecencia,
Pedro Sánchez ha comenzado dando las gracias a “un Gobierno no partidista, dispuesto a consensuar con lo diferente", el cual ha hecho posible "el objetivo de reconstruir el Estado del bienestar; recuperando la
universalidad de la sanidad pública (...)".
Atrás queda una legislatura de ochos meses que ha contado con
dos ministras de Sanidad, la vuelta a la
sanidad universal y la aprobación del
Real Decreto de prescripción enfermera.
Precisamente, fue
Carmen Montón la que impulsó, defendió y aprobó la
reversión a la sanidad universal, aunque la polémica surgida a raíz de la
publicación de su máster de Estudios Interdisciplinares de Género, cursado en la Universidad Rey Juan Carlos,
le obligó a dejar su cargo el pasado 11 de septiembre. Dos meses después, la Justicia decidió archivar su caso al atender que
"no quedaba acreditada la perpetración de infracción penal alguna".
Cien días después de su nombramiento, su sustituta,
María Luisa Carcedo, pudo sacar pecho por haber presentado y aprobado el
Real Decreto de prescripción enfermera, que ponía fin a un conflicto entre médicos y enfermeras, que duraba ya casi una década. Hasta esa fecha, Carcedo ejercía el cargo de alta comisionada para la Lucha Contra la Pobreza Infantil.
Esta legislatura culminada por la ministra Carcedo también deja la aprobación del
calendario de vacunación común; la aceleración de la
acreditación de unidades docentes (que puede dar a la oferta
MIR más grande de la historia); el
plan contra la pseudociencia o la
lucha contra la obesidad en España con
un semáforo nutricional.
Por el contrario, el ‘no’ a los PGE dado este pasado miércoles por el Congreso implica, entre otras cosas, mantener el
copago farmacéutico para 6,8 millones de ciudadanos, seguir sin blindaje a la sanidad universal y el no incremento presupuestario para que las CCAA gestionen la
Sanidad.
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