Mientras todo el mundo está pendiente de una decisión del PSOE antes de finales de mes para saber si el PP podrá formar Gobierno o empezar a preparar unas terceras elecciones generales, España cumple este sábado 300 días con una Ejecutiva en funciones.
La paralización del país debido a la falta de Gobierno afecta de lleno a la sanidad. Muchos temas quedaron pendientes antes de la disolución de las Cortes del pasado diciembre y todavía no se han podido recuperar, a los que van sumando otros nuevos problemas que es necesario solventar.
El más reciente de ellos surge de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que motiva a replantear aspectos del Estatuto de los Trabajadores y del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud.
Europa ha dictaminado que no se puede encadenar contratos temporales para cubrir puestos fijos, y que no puede discriminarse al personal temporal e interino frente al fijo en cuanto a las indemnizaciones por despido, aspectos ambos que tocan una fibra sensible de la sanidad española post-crisis: la precariedad en el empleo.
Hasta 170.000 profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) pueden verse afectados por las decisiones del TJUE. Ya han surgido en España las primeras sentencias que las siguen, pero todos los actores (sindicatos, gestores, políticos, etc.) ven necesario un cambio normativo que solo puede llegar de un Gobierno estable en forma de proyecto de ley.
Por otro lado, la prórroga de los Presupuestos de 2016 es inevitable. El Ejecutivo en funciones ya ha recibido el informe de Acción Efectiva y el Plan Presupuestario que enviará a Bruselas en breve y que contiene todas las medidas adoptadas para cumplir la reducción del déficit para el presente año, del 4,6 por ciento.
Congelación salarial
La prórroga de los Presupuestos actuales implica que, aunque se prevea que el Estado ingrese más dinero este año que el anterior por la mejora de la economía, los salarios de los funcionarios y trabajadores del Estado -los sanitarios entre ellos- no se actualizarán. También implica la paralización de inversiones en infraestructuras sanitarias.
A nivel profesional, médicos, enfermeros, farmacéuticos, etc. están esperando la formación de un nuevo Gobierno para reunirse con él y expresar sus intereses. Los decretos de Unidades de Gestión Clínica y de prescripción enfermera figuran en las agendas (el primero, para ser aprobado; el segundo, para pedir su derogación). Son ya muchos meses sin poder convocar foros cuyas órdenes del día no hacen sino aumentar.
En el apartado institucional, la responsable del Ministerio de Sanidad tras la marcha de Alfonso Alonso, Fátima Báñez, ha anunciado recientemente que se convocará un Consejo Interterritorial del SNS. El objetivo será el abordaje de la precariedad en el empleo sanitario. No será sino un remedo hasta que un nuevo Gobierno se forme y ponga en marcha, paulatinamente, todas las medidas que, durante estos 300 días en funciones, han quedado aparcadas a la puerta del ministerio.
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