Javier Barbado. Sevilla
España se halla lejos de rentabilizar los tratamientos hospitalarios conforme al coste por año de vida ajustado a la calidad (AVAC o qualys, en inglés), lo mismo que otros países como Estados Unidos, Francia o Italia. Otros, en cambio, sí lo usan para optimizar el uso de los medicamentos en función de si merece la pena o dispensarlos conforme a este cálculo, caso de Inglaterra, Escocia y Australia, según ha informado Álvaro Hidalgo, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha.
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Álvaro Hidalgo, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha.
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Este especialista ha razonado asimismo el porqué de evaluar los medicamentos: “Los recursos son insuficientes y limitados para financiar todas las intervenciones; no pretendemos rebajar los costes sino utilizar criterios de coste-eficiencia ante una demanda sin límite para conseguir satisfacerla de la forma más óptima posible”.
“La evaluación económica consiste en poner los resultados en salud frente al coste de los tratamientos y obtener la fórmula que combine el mejor resultado al menor coste”, ha añadido. En el recorrido de aprobación de un medicamento –ha explicado– se mira su eficiencia.
“A los economistas nos preocupa ésta, la eficacia y la efectividad, pero, en un sistema sanitario público, esto implica integrar en la ecuación la equidad”, ha señalado. Para ello, se utiliza, según ha precisado, indicadores objetivos (como supervivencia global) y subjetivos (coste por año de vida ajustado a la calidad o, abreviado, AVAC o Qualys, en inglés).
En este sentido, la calidad de vida se usa por las agencias evaluadoras de tecnología sanitaria para priorizar medicamentos, y consiste en multiplicar meses o años de supervivencia por cómo se vive durante ellos. También se contabilizan, a su vez, variables como la calidad de vida perdida en función de los efectos adversos del fármaco.
Para calcular los Qualys, se recurre a los datos de los ensayos clínicos en los que se ha utilizado un instrumento genérico o específico de calidad de vida, así como a los registros de coste-efectividad.
Crece un 20% la brecha entre CCAA en presupuesto
Otro de datos difundidos por el ponente ha reparado en la diferencia entre el mayor presupuesto inicial autonómico para sanidad ajustado por persona protegida, correspondiente en los últimos años al País Vasco, y el menor, que fue el de Andalucía entre 2014 y 2015 y Comunidad Valenciana entre 2007 y 2013, y ha subrayado que se ha acrecentado en veinte puntos porcentuales.
En efecto, mientras que, en 2007, la diferencia en el presupuesto inicial para gasto sanitario entre Comunidad Valenciana y País Vasco fue de 323 euros (lo que equivale al 30 por ciento del promedio nacional), en 2015, la diferencia entre Andalucía y el País Vasco fue de 577 euros, lo que representa casi un 50 por ciento del presupuesto medio en España (alrededor de 1.200 euros por persona).
“Esto significa que estamos trabajando con una financiación por debajo de la que teníamos en 2010 –y, en muchas comunidades autónomas, por debajo de la de 2007– y además ha cambiado de forma notable la diferencia entre lo que gasta la comunidad con mayor presupuesto inicial y lo que gasta la que menos”, ha explicado Álvaro Hidalgo, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha.
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