Redacción. Madrid
El próximo miércoles 2 de septiembre, Sanidad se sentará con las comunidades autónomas para debatir en la Comisión de Prestaciones cómo se atenderá a los inmigrantes irregulares en el Sistema Nacional de Salud.

Sobre la mesa, el borrador redactado el pasado 14 de julio que ya está en poder de cada consejería autonómica y que, según aseguran fuentes del Ministerio a Redacción Médica, es “un punto de partida” sobre el que trabajar.

Alfonso Alonso, ministro de Sanidad.

Así, recalcan que es un texto que está sujeto a modificaciones y a aportaciones de las diferentes autonomías, que ya en el pasado Consejo Interterritorial del día 29 de julio se quejaron de que fue acordado con los gobiernos autonómicos anteriores a los surgidos de las elecciones del 24 de mayo.

Los detalles del borrador se van conociendo poco a poco. El texto aclara que el documento a través del cuál podrán acceder al SNS los inmigrantes irregulares tendrá una validez de un año y su renovación se deja en manos de cada región, que decidirá en qué plazos y en qué forma se lleva a cabo dicha renovación.

El texto viene a confirmar lo que, con cuentagotas, ha ido trasladando el Ministerio de Sanidad durante todas estas semanas, como la decisión firme de que no tengan una tarjeta sanitaria como la del resto de ciudadanos regularizados, que lleven un año empadronados, que tengan pasaporte en vigor, acreditar no tener recursos económicos y que tendrán los mismos derechos asistenciales (acceso a la cartera común básica de servicios) y también farmacológicos, es decir, tendrán que pagar el 40 por ciento del precio del fármaco en cuestión en las oficinas de farmacia. Eso sí, el borrador pide a los profesionales sanitarios que hagan un uso racional de los recursos.

Respecto al registro al que hace días aludió el ministro Alfonso Alonso, el documento confirma (como ya hiciera en su día el propio Alonso) que los inmigrantes irregulares interesados en acceder al documento deberán apuntarse en su centro de salud de Atención Primaria o antes las unidades asignadas por cada comunidad.

Por último, Sanidad emplaza a las autonomías a una evaluación de los resultados y la aplicación de este plan dos años después de su entrada en vigor.

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