Cristina Alcalá / Redacción. Madrid
El Ministerio de Sanidad calcula que más de 7.000 pacientes con hepatitis C han iniciado los tratamientos con los nuevos fármacos entre abril y mayo, tal y como ha puesto de manifiesto el titular de este departamento, Alfonso Alonso, antes de la inauguración de la Asamblea anual del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).
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De izquierda a derecha, Ignacio Tremiño, director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad; José Luis Aedo, Mario García y Miguel Carballeda, vicepresidentes del Cermi; Alfonso Alonso, ministro de Sanidad; Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Cermi; Concepción Díaz y Santiago López, vicepresidentes del Cermi.
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La primera prioridad del Plan Estratégico Nacional de Abordaje de Hepatitis C, que el Gobierno puso en marcha a primeros de año, es ofrecer los fármacos a cerca de los 52.000 enfermos graves que hay en España. Varios meses después de su ejecución, Sanidad y las comunidades autónomas ya han atendido a casi el 35 por ciento de estos pacientes, según las estimaciones de Alonso. “El plan va a muy buen ritmo y es gracias a la labor de las comunidades autónomas”, ha expresado.
El segundo objetivo está relacionado con la financiación de esta estrategia nacional (700 millones en diez años) y cuya facturación se realiza cada tres meses. Después de la incorporación de los últimos fármacos en abril, el Ministerio de Hacienda aclarará ahora en junio sus cuentas con los servicios de salud autonómicos por la asistencia de este colectivo de pacientes.
La financiación para presos con hepatitis C, aún en el aire
Un presupuesto que aún está más en el aire es el que depende de Instituciones Penitenciarias por la atención de los presos con hepatitis C. Por un lado, Sanidad garantiza que, a día de hoy, todos aquellos reclusos que lo requieran están recibiendo las terapias, para luego matizar que las fórmulas de financiación entre las comunidades autónomas y el Ministerio del Interior (responsable de prisiones) “habrá que aclararlas”, a pesar de que es un gasto extraordinario que el propio plan nacional contemplaba desde su creación.
La solución a la financiación del Tercer Sector, antes de final de año
El ministro Alonso también se ha comprometido a buscar una solución en la financiación de las entidades que integran el Tercer Sector, una de las principales demandas que le han transmitido los representantes del Cermi. “No podemos dejar a 80 asociaciones colgadas en por un presupuesto que no llega ni a los diez millones de euros en total”, ha expresado.
Asimismo, ha hecho énfasis en la necesidad de consenso y diálogo entre estas entidades, el Gobierno y los partidos de la oposición para seguir subsanando las deficiencias que les han provocado la crisis económica, especialmente, en subvenciones y convenios. En este sentido, Alonso apuesta por los convenios sociales, dentro de la ley de contratos con el sector público, como garante en la atención a dependientes.
Por otro lado, el ministro se hareferido a una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las convocatorias de las subvenciones sociales con cargo al IRPF, y así, ha asegurado que su departamento, en estrecha colaboración con el Tercer Sector, está buscando soluciones para que dichas ayudas, de las que dependen tantas organizaciones en España, así como los puestos de trabajo que generan, sigan teniendo circulación.
Alonso, en este sentido, se ha expresado “razonablemente convencido” de que esa solución podrá materializarse en próximas fechas, y ha considerado que este modelo de solidaridad aborda “un nuevo paradigma” que necesariamente estará sustentado en el papel que las organizaciones sociales desempeñan en la construcción y vertebración de España, pero también en su “enganche” en la propia Constitución.
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El ministro de Sanidad (en el centro) durante la inauguración de la Asamblea anual del Cermi.
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