"Vemos inequidad autonómica entre especialidades con esta Ley de Sanidad"

A punto de culminar las cuatro décadas de vida, la Ley General de Sanidad todavía mantiene algunos de los mimbres que asentó con su proclamación en 1986 con la delimitación de un marco sanitario que pervive hasta nuestros días. Un poso palpable -que toma forma en principios como la universalidad y la accesibilidad- pese a las grietas surgidas ante la propia evolución de un sistema en constante cambio que, desde el punto de vista de las especialidades sanitarias, empieza a tensarse ante los efectos de la desigualdad geográfica en cuanto a distribución de profesionales, diagnóstico y tratamiento.

Como presidenta del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud (Cnecs), Mercedes Guerra sabe de sobra que el tiempo no pasa en balde y que son muchos los aspectos que, más allá de sus cimientos, habrían quedado desfasados en ese marco sociosanitario establecido hace 40 años al incumplir uno de los principios fundamentales de la legislación como es la equidad y la necesidad de garantizar la igualdad efectiva en el acceso a las prestaciones sanitarias. Este mapa dividido refleja ahora inconvenientes derivados de la evolución que habrían tenido cada una de las especialidades sanitarias en este tiempo, especialmente gracias al impulso de la tecnología. Y si la cartera de servicios de cada territorio es diferente, arguye, "mantener el acceso y la equidad del paciente en cada una de las regiones" resulta un obstáculo ante la distribución heterogénea de dispositivos, recursos y profesionales.

"No tenemos incluso las mismas especialidades en todas las comunidades autónomas. Ahí hay un problema importante", resalta, al señalar la encrucijada que supone "garantizar la atención universal" cuando la realidad de cada comunidad autónoma "es muy distinta" ante el impacto de "los movimientos migratorios, la 'España vaciada' o las poblaciones flotantes incluidas en las áreas más turísticas".

Atención por parte de otro especialista

Más allá de que el marco inicial no contemplara mecanismos de previsión de necesidades a largo plazo, como plantea el Registro de Profesionales, lo cierto es que "la realidad va muy por delante" ante una mayor "masa crítica de pacientes", con mayor esperanza de vida y mayores posibilidades de tratamiento ante la mejora tecnológica, y un aumento de competencias en cada especialidad.

Por tanto, a su modo de ver, la ley debe contemplar "que ese paciente tenga acceso a una atención especializada de calidad con la misma tecnología dentro de su comunidad o articular la forma de transferirlo a otra comunidad" para evitar, en cualquier caso que, por la falta de especialistas concretos, sea atendido por profesionales de otras áreas. En otras palabras, la posibilidad de que ese paciente reciba la atención adecuada procedente de una especialidad con una cartera de servicio que hace 40 años no tenía", gracias a la evolución tecnológica.

Es por ello que Guerra señala la necesidad de habilitar centros de referencia tal y como entiende la Ley General , es decir, sin la acotación actual que muestran los CSUR, dirigidos a "patologías concretas o enfermedades poco frecuentes".

Impulso al diploma de acreditación

Las discrepancias autonómicas también quedan patentes en otro de los puntales establecidos por esta Ley como es la Oferta de Empleo Público (OEP), en tanto en cuanto, los baremos de cada territorio "no son iguales". Tampoco los méritos, critíca, ya que la decisión de integrar los diplomas de acreditación avanzada en este apartado corresponde a cada comunidad. En este sentido, espera que la nueva Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) -cuyo anteproyecto se encuentra en proceso de consulta pública- solucione este aspecto al establecer criterios homogéneos.

Dicha formación también ayudaría a demarcar "aún más esa hiperespecialización en las especialidades que lo requieren", explica, sin necesidad de tener que crear nuevas áreas MIR que entrarían en conflicto con las ya existentes al cubrir áreas fronterizas y "recaen en una desigualdad de la calidad de la asistencia". "Hay que hacer una delimitación de las competencias. Y lo primero es actualizar la autoridad que tenemos en los campos de actuación para verificar los diplomas de acreditación y posteriormente las Áreas de Capacitación Específica (ACE)", sentencia, al tiempo que remarca la necesidad prioritaria de actualizar, ante todo, los programas formativos de las ramas médicas.

Lo que también conviene revisar en el entorno legislativo, indica, es la forma de financiación entre las distintas comunidades autónomas para saber "si pueden ir ajustadas a la capitalización social o no", así como los convenios entre la sanidad pública y la privada, puesto que los requisitos "quedan también a criterio de cada territorio", generando listas de espera altamente dispares según el código postal.

Guerra también echa en falta un desarrollo normativo que vaya en consonancia al cambio de las especialidades, es decir, una "actualización de la necesidad de formación en función de cómo van evolucionando" cada una de las ramas, estableciendo rotaciones prácticas en una regulación que, en sus inicios, no desarrollaba la vinculación entre hospital y universidad en términos formativos. "Lo que ha llegado en cuanto a la formación sanitaria especializada es solo un apunte", argumenta.

Competencias solapables entre especialidades

De hecho, Cirugía Vascular, especialidad que preside desde el Comité Nacional, es "una gran desconocida en las facultades" ya que no se ha potenciado la aparición de profesores angiólogos y cirujanos vasculares, derivando en un conocimiento entre los futuros residentes desacompasado en relación a todos los avances cosechados desde que surgiera esta rama en 1978. "Las universidades deberán ponerse de acuerdo con las especialidades para que en los temarios aparezca su realidad" y de esta manera, los médicos se formen mejor y "sepan lo que es elegir de una forma libre y con información".

Donde también hará falta hacer hincapié, afirma, es en el apartado de multidisciplinariedad, pionero en la publicación de la norma del 86. Para Guerra, este modelo debe marcar el ecosistema sanitario, evitando, eso sí, "competencias solapables en distintas disciplinas que no hayan tenido la misma fase formativa".

En cualquier caso, la responsable aclara que son muchos los frentes normativos de los que bebe la profesión sanitaria, más allá de una Ley General de Sanidad que nacía para dar solución a objetivos anacrónicos ligados a la transferencia de competencias y a la organización del sistema de salud. "Yo creo que esa fue la bondad inicial, pero lo que vemos ahora tantos años después es que hay inequidad", reitera, a la espera de una modificación estructural que permita que los pacientes sean atendidos en cualquier sitio de España sin que parezca que estamos en 17 países distintos.