El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un
nuevo modelo de cuidados más “personalizado” y en el que se prioricen la teleasistencia y la atención domiciliaria por encima de las llamadas “macro-residencias”. “La gente quiere vivir en su casa”, ha manifestado el ministro de Derechos Sociales,
Pablo Bustinduy, quien ha llamado también a “revalorizar”, a través del diálogo social, la situación de las trabajadoras de un sector eminentemente femenino (más de 80 por ciento de las plantillas lo componen mujeres) y cuyas
condiciones salariales y profesionales “no están a la altura de su labor”.
El Ministerio de Derechos Sociales anunció el pasado mayo la “inminente” aprobación de esta
nueva estrategia nacional destinada a
renovar el modelo de cuidados a
personas mayores o con discapacidad. También se pondrá el foco sobre
gente sin hogar, así como a
menores migrantes.
“El 10 por ciento de la población requiere de cuidados para su bienestar, y
hasta el 70 por ciento de esa carga la asumen las familias”, ha explicado Bustinduy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. De lo que se trata, ha continuado, es de reforzar herramientas como la
teleasistencia, la
atención a domicilio y los centros de día. “Un ecosistema de prácticas y recursos de apoyo que permitan vivir más tiempo y en mejores condiciones en casa”, ha señalado.
La otra ‘pata’ de la estrategia es la relativa a las
condiciones de las trabajadoras del sector. “Es muy importante que los recursos vayan destinados a un
cambio en el modelo de trabajo”, ha reconocido el ministro, quien ha hecho hincapié en que el 80 por ciento de los profesionales son mujeres, y el 40 por ciento,
mujeres migrantes.
En este sentido, ha denunciado que las condiciones
“salariales y profesionales” de estas trabajadoras “no están a la altura de su labor”, y ha hecho un llamamiento a “revalorizar” el sector a través del diálogo social.
Ley de Dependencia
La nueva estrategia de cuidados, que dispondrá de una partida de
1.323 millones de euros, se implementará a través de tres planes operativos en los que se concretarán los objetivos, las líneas de actuación y medidas a poner en marcha por la Administración General del Estado y las comunidades autónomas en los períodos. El primero tendrá lugar entre 2024-2025, el segundo entre 2026-2027 y el tercero entre 2028-2030.
Dicha estrategia se complementará en próximas semanas con la reforma de la ley de dependencia. Según Moncloa, todo ello servirá para construir un sistema público de cuidados que garantice la atención y el apoyo de una vida autónoma por parte de los poderes públicos, de forma que "cualquier persona tenga garantizada su atención
sin depender de cuál sea su patrimonio".
Esta atención se ofrecerá prioritariamente en el domicilio de cada persona mientras sea posible y así lo desee, "ya que esta es la voluntad de la mayor parte de la ciudadanía cuando se le pregunta cómo quiere envejecer", ha concretado Bustinduy.
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