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¿Por qué Sanidad no gastó en dependencia 44 millones ya presupuestados?

La cantidad forma parte del presupuesto para el Sistema de la Dependencia 2017, que se quedó en las arcas de Sanidad

Dolors Montserrat, ministra de Sanidad.

16 mar 2018. 11.20H
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POR REDACCIÓN
Al presupuesto para el Sistema de la Dependencia 2017 le sobraron 44 millones de euros que el Ministerio de Sanidad decidió no invertir por motivos que el departamento que dirige Dolors Montserrat no ha explicado. Esta situación, que ya fue denunciada en su día por la Asociación de Directoras y gerentes de Servicios Sociales, es particularmente grave cuando en España "existen 310.00 personas en listas de espera, de los que 120.000 son dependientes severes", según afirmó este colectivo. 

Por este motivo, Unidos Podemos ha llevado la cuestión al Congreso de los Diputados y ha pedido a la ministra de Sanidad que dé explicaciones por no haber utilizado esa cantidad del presupuesto para el Sistema de Dependencia de 2017.

Las diputadas Ana Marcello y Ana Terrón han registrado esta solicitud para conocer las causas por las que no se han ejecutado esos 44 millones de euros cuando sigue existiendo una lista de espera de 310.000 personas dependientes, a las que se les ha reconocido su derecho a recibir prestaciones y servicios.

"Una actuación criminal"

Marcello ha lamentado la ausencia de la ministra Montserrat en el Pleno, por encontrarse en la Convención de ONU Mujeres en Nueva York, y ha dicho que quieren conocer a través de la titular de Servicios Sociales "las causas de no querer invertir esa cantidad en dependencia".

"Nos parece una vergüenza y, por tanto, pedimos la comparecencia de la ministra para que lo explique y sobre todo ahora que ya vienen unos Presupuestos Generales del Estado, que nos planteen cuánto de verdad van a invertir en las personas en situación de dependencia; es una actuación criminal contra aquellas personas que viven esas situaciones", ha añadido la diputada.

Por su parte, la parlamentaria Ana Terrón ha recordado que su grupo pidió que se atendiera "en un plazo máximo de seis meses" a todas las personas dependientes que están esperando recibir esas prestaciones y servicios a los que tienen derecho por ley.

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