El Gobierno ha aprobado este martes 9 de junio en
Consejo de Ministros la Ley orgánica de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, y su remisión al Congreso para la tramitación parlamentaria. La norma, además de aumentar el plazo de prescripción del delito de abuso sexual a menores, garantiza el acceso a los
servicios sanitarios de tratamiento y rehabilitación a los menores en situaciones de violencia, y se desarrollará un protocolo sanitario para facilitar la promoción del buen trato, la identificación de factores de riesgo y la prevención y detección precoz de esa violencia.
Así, a la hora de denunciar un delito sexual en menores, este empezará a contar a partir del momento en que la víctima cumpla 30 años, y no 18 como ocurre actualmente, y plantea crear una nueva figura en los colegios, la del
'coordinador de bienestar y protección'.
La norma fue bautizada por el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, como 'Ley Rhodes' por el pianista británico del mismo apellido, James Rhodes, que
sufrió abusos sexuales cuando era un niño y que ha luchado por la aprobación de esta norma.
Precisamente, uno de los cambios que conllevará esta nueva ley será que el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores, como los abusos sexuales, no empezará a correr hasta que la víctima haya cumplido los 30 años. Actualmente, empieza a contar cuando
la víctima cumple 18 años y los delitos prescriben entre 5 y 15 años después, dependiendo de su gravedad.
A pesar del aumento que prevé el anteproyecto, asociaciones de víctimas de abusos lo consideran insuficiente y han reclamado que el plazo empiece a contar cuando la víctima cumpla 40 años.
Además, la nueva ley plantea crear una nueva figura en todos los colegios, la del
"coordinador de bienestar y protección", una función que el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales ha reivindicado para ellos.
Protocólos escolares
Asimismo, la ley establece que se deberán establecer en los centros escolares protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, suicidio, autolesión y cualquier otra forma de violencia. Víctimas de abusos en la Iglesia han lamentado que
la nueva ley "silencia" sus casos pues "no menciona" la pederastia eclesial.
Se creará un Registro Central de Información sobre la violencia contra la infancia. Igualmente, se crearán unidades especializadas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se dará formación especializada a jueces y fiscales para proteger a los niños y niñas de la violencia.
También se prevé una jurisdicción específica para estos delitos.
Asimismo, los centros de menores deberán fijar protocolos de prevención obligatorios, con planes específicos de prevención y detección precoz ante posibles casos de trata con fines de explotación sexual de menores. Esta medida iría dirigida a evitar casos como el que está investigando la Fiscalía sobre la presunta explotación sexual que sufrieron 16 menores tutelados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).
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