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"La guerra nos va a costar 5.000 millones que podríamos destinar a sanidad"
El Consejo de Ministros, que se paró más de dos horas por la crisis entre socios, aprueba dos leyes anticrisis
Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros de este viernes.
20 mar 2026. 14.50H
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El Gobierno ha aprobado este viernes dos reales decretos distintos para frenar la escalada de precios y proteger el acceso a la vivienda, tras una tensa negociación que ha retrasado el Consejo de Ministros más de dos horas. Pedro Sánchez ha justificado una factura imprevista de 5.000 millones de euros para abaratar la energía, mientras la presión de Sumar ha forzado la división normativa para garantizar la prórroga de los alquileres.
El presidente del Ejecutivo ha lamentado el impacto directo de las tensiones en Oriente Medio sobre las cuentas públicas. "(Esta guerra) a los españoles y españolas nos va a costar 5.000 millones de euros que podríamos estar destinando a becas, a sanidad, a dependencia", ha sentenciado el líder socialista para dimensionar el sacrificio presupuestario.
Los socios de coalición han escenificado fuertes discrepancias antes de dar luz verde al paquete de medidas. Y es que, los ministros de Yolanda Díaz han bloqueado el inicio de la reunión extraordinaria hasta las 11.40 horas. La formación minoritaria ha exigido garantías por escrito, y el bloque socialista ha cedido finalmente al firmar dos documentos independientes. El primero ha englobado el recorte fiscal a la energía, y el segundo ha recogido las intervenciones en el mercado inmobiliario.
De este modo, el Consejo de Ministros ha reducido el IVA de la electricidad, el gas natural y los carburantes al 10 por ciento. Sánchez ha detallado que esta decisión disminuye la carga tributaria general y deja un ahorro de unos 20 euros al llenar el depósito. Los transportistas y el sector primario han sumado además una bonificación extra de 20 céntimos por litro. Por exigencia directa de Sumar, el decreto normativo ha incorporado un mecanismo de control mediante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esta herramienta ha habilitado al Ejecutivo para topar los precios y evitar márgenes de beneficio injustificados en las gasolineras.
El ala minoritaria del Gobierno ha reivindicado la autoría de las políticas de vivienda y protección al consumidor. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha argumentado en redes sociales que las negociaciones han servido para "ampliar el escudo social incorporando la prórroga de los alquileres y el control a los márgenes empresariales". Moncloa ha prohibido también los cortes de suministros energéticos a población vulnerable y ha prorrogado los bonos sociales hasta final de año.
"Además de las ayudas para paliar los efectos de la guerra injusta e inmoral, entra en vigor desde ya la protección a los inquilinos y el bloqueo a la especulación", ha recordado García al finalizar la jornada, confirmando que la tensión interna ha condicionado la respuesta económica del país.
El presidente del Ejecutivo ha lamentado el impacto directo de las tensiones en Oriente Medio sobre las cuentas públicas. "(Esta guerra) a los españoles y españolas nos va a costar 5.000 millones de euros que podríamos estar destinando a becas, a sanidad, a dependencia", ha sentenciado el líder socialista para dimensionar el sacrificio presupuestario.
Pulso interno
Los socios de coalición han escenificado fuertes discrepancias antes de dar luz verde al paquete de medidas. Y es que, los ministros de Yolanda Díaz han bloqueado el inicio de la reunión extraordinaria hasta las 11.40 horas. La formación minoritaria ha exigido garantías por escrito, y el bloque socialista ha cedido finalmente al firmar dos documentos independientes. El primero ha englobado el recorte fiscal a la energía, y el segundo ha recogido las intervenciones en el mercado inmobiliario.
De este modo, el Consejo de Ministros ha reducido el IVA de la electricidad, el gas natural y los carburantes al 10 por ciento. Sánchez ha detallado que esta decisión disminuye la carga tributaria general y deja un ahorro de unos 20 euros al llenar el depósito. Los transportistas y el sector primario han sumado además una bonificación extra de 20 céntimos por litro. Por exigencia directa de Sumar, el decreto normativo ha incorporado un mecanismo de control mediante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esta herramienta ha habilitado al Ejecutivo para topar los precios y evitar márgenes de beneficio injustificados en las gasolineras.
Escudo social
El ala minoritaria del Gobierno ha reivindicado la autoría de las políticas de vivienda y protección al consumidor. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha argumentado en redes sociales que las negociaciones han servido para "ampliar el escudo social incorporando la prórroga de los alquileres y el control a los márgenes empresariales". Moncloa ha prohibido también los cortes de suministros energéticos a población vulnerable y ha prorrogado los bonos sociales hasta final de año.
"Además de las ayudas para paliar los efectos de la guerra injusta e inmoral, entra en vigor desde ya la protección a los inquilinos y el bloqueo a la especulación", ha recordado García al finalizar la jornada, confirmando que la tensión interna ha condicionado la respuesta económica del país.
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