Cristina Alcalá / Lorena Martínez/ Imagen: Miguel Fernández de Vega. Toledo
“Estamos permitiendo que fragmenten el Sistema Nacional de Salud (SNS)”. Así resume José Luis Llisterri, presidente de Semergen, la situación actual de la cronicidad en España. Y es que, para Llisteri, la descentralización está generando un sistema “perverso” e “ilícito” impuesto por la clase política, desde la que “no se va a defender un sistema público, universal, eficiente, gratuito y de calidad”, por lo que deben ser profesionales y pacientes quienes respalden la sostenibilidad del “mayor logro social de la historia”.
Alberto Ledesma, director del plan interdepartamental de atención e interacción social y sanitaria (Piaiss); José Luis Llisterri, presidente nacional de Semergen; Tomás Castillo,presidente de la Federación Española de Fibrosis Quística; Alberto Rodríguez, director general de atención sanitaria y calidad del Sescam y Alejandro Toledo, presidente de la Fundación renal Alcer.
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“¿Es justo que pacientes del mismo país no tengan derecho a las mismas prestaciones sanitarias?”, se cuestiona Llisterri, quien, en el marco del III Congreso Nacional de Pacientes Crónicos de Semergen, hace un llamamiento a la coherencia, “no a la rebelión”.
Más allá de la ausencia de equidad, el responsable considera que los recortes en Sanidad están condicionando la correcta formación de los profesionales para atender al nuevo perfil del enfermo crónico. “Es necesario destinar recursos a la Atención Primaria porque somos los referentes a la hora de tratar la cronicidad”, añade. Asimismo, ha denunciado una frecuentación excesiva sin necesidades en los centros: “hay que vaciar los hospitales de crónicos y tratarlos en su domicilio”.
Llisterri denuncia fragmentación en el abordaje a crónicos.
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Por su parte, Alejandro Toledo, presidente de la Alianza General de Pacientes (AGP) y presidente de la Fundación Renal Alcer, ha denunciado la “demonización general de la clase política”, siendo necesario criticar las actitudes pertinentes de forma singular y calificando de “demagoga” la postura de Llisterri. No obstante, con este comparte la crítica hacia la equidad del modelo actual: “no puede haber ciudadanos de primera o de segunda”, insiste, anotando diferencias de hasta 600 euros en inversión en cronicidad entre comunidades.
Como portavoz de la agrupación de pacientes Alcer, Toledo solicita a las administraciones mayor colaboración con las asociaciones de afectados, derivándolos desde las consultas para garantizar su formación y un intercambio de experiencias, cubriendo los espacios a los que “la burocracia no llega”.
En esta misma línea se orienta Tomás Castillo, presidente de la Federación Española de Fibrosis Quística, quien cree que la crisis ha generado “un retroceso en cronicidad” propiciando la pérdida de “referentes médicos que dedicaban su vida a la enfermedad”. El giro necesario del modelo vigente no será posible, según Castillo, “sin la intervención de los pacientes” y ha llegado el momento “de pasar de las palabras a los hechos”.
La finalidad de situar al paciente en el eje asistencial es compartida por Alberto Rodríguez Balo ,director general de atención sanitaria y calidad del Servicio de Salud de Castilla La Mancha (Sescam). El abordaje de la cronicidad en dicha región se plantea la necesidad de personalizar los tratamientos, pues, “cada individuo es distinto aunque compartan enfermedades”. Con este fin, el plan pasa por fomentar un intercambio de información entre Atención Primaria y Especializada; una misión difícil en la que se encuentra “una gran resistencia a salir del plan de actuación clásico”.
La implementación de la estrategia atiende asimismo a un “cambio de roles”, tal y como señala Alberto Ledesma , director del plan interdepartamental de atención e interacción social y sanitaria (Piaiss), en el que “se está avanzando mucho”, pero no se ha concluido. Y es que transformar la manera de atender a las personas y alcanzar su participación real es una tarea que requiere tiempo.