La
Comisión de Hacienda y Función Pública ha elevado este lunes al
Pleno del Congreso de los Diputados el proyecto de ley para la
reducción de la temporalidad en el empleo público, que finalmente obligará a las administraciones a convocar por concurso de méritos, y no oposición, plazas de carácter estructural que hayan estado ocupadas por interinos durante al menos cinco años.
Tras
ser aprobado el dictamen, es turno para su votación final en el Congreso antes de ser remitido al
Senado, donde continuará con su tramitación parlamentaria. Aún se desconocen las fechas para dicha votación, así como los plazos hasta su puesta en marcha después de la aprobación. Un proceso legislativo dilatado que ha provocado cierta incertidumbre en los procesos de
Ofertas Públicas de Empleo (OPE) en la sanidad española, que ha provocado incluso la paralización de los mismos en algunos territorios hasta que se resuelva el proceso de aprobación y puesta en marcha de la norma.
Son los casos de Comunidad Valenciana y Galicia. En la primera,
la Conselleria de Sanidad decidido retrasar durante un plazo de tres meses la celebración de cualquier examen OPE, si bien esto
no implica una paralización o suspensión de las convocatorias, aunque ello sí que lastrará su resolución. En el departamento de que dirige Ana Barceló persisten las dudas sobre cómo se deberá aplicar la ley y a quién afectará (si solo a Función Pública o también tendrá efectos en Sanidad).
Similar situación la de
Galicia, en donde también se han postergado, aunque no se han dado plazos concretos. Es el caso de las
OPE de Enfermería, cuyos exámenes aún no se han realizado y se encuentran "paradas", pendientes de realizar "según se resuelva el asunto que está en trámite parlamentario". Mientras, "las convocatorias en marcha se harán y están previstos los
exámenes para el segundo trimestre del año que viene".
La alargada sombra del suspenso de OPE en Sanidad
La semilla de la duda también ha germinado en otros territorios. Es el caso de
Castilla-La Mancha, en donde en principio esta suspensión no afectaría pues solamente se han celebrado, recientemente, los exámenes de las OPE pendientes de los años 2017 y 2018. No obstante, los sindicatos con presencia en la Mesa Sectorial de la Sanidad alertan a este diario de que,
en el caso de que se convocara alguna nueva OPE en estos meses, y antes de la aprobación de la ley Iceta,
“sí tendríamos que movilizarnos para paralizarla”.
|
Comunidad Valenciana y Galicia suspenden los examenes OPE y en otros territorios se ha sopesado
|
El caso de
Navarra fluye por los mismos caminos. En la Comunidad Foral, la posibilidad de suspensión temporal de las OPE también está encima de la mesa y es una posibilidad que no se descarta de todo, merced de lo que pase con la nueva ley estatal para reducir la temporalidad en la administración pública.
En
Castilla y León en conversaciones “informales” entre Sacyl y sindicatos también se ha barajado esta posibilidad, aunque, por el momento, se descarta. En
Madrid, se está valorando el impacto de la Ley Iceta en las OPE, pero de momento todo apunta a que seguirán su curso natural.
El paso de interino a fijo sin OPE en Sanidad: antes de agosto de 2022
Las plazas cubiertas con trabajadores con contrato temporal durante, al menos, los últimos cinco años deberán ser consolidadas en un concurso de mérito y, a partir de los tres años a través de concurso y oposición, dando la opción de que los ejercicios de la fase de oposición no sean eliminatorios. Así se ha decidido por votación en la Comisión de Hacienda y Función Pública, que se ha celebrado este lunes para emitir dictamen a la vista del Informe elaborado por la Ponencia sobre el Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que procede del Real Decreto-ley 14/2021.
Ahora, tras ser aprobado el dictamen por la comisión con 19 votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV, será elevado al Pleno del Congreso para una votación final de conjunto antes de ser remitido al Senado, donde continuará con su tramitación parlamentaria.
En la votación se han abstenido Cs y PP, mientras PRC se ha posicionado en contra y el grupo parlamentario Vox no ha votado, tras recordar su intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la norma.