Ismael Sánchez / Imagen: Miguel Fernández de Vega
2.825 accesos por parte de 417 profesionales desde 55 dispositivos asistenciales distintos para ver una historia clínica electrónica (HCE) golosa (no viene al caso decir por qué). La cosa debería merecer mucho la pena para generar tanta expectación. O simplemente que la curiosidad humana es tan caprichosa, y tan irrefrenable, que rebasa cualquier impedimento. El dato lo ha recogido el letrado David Larios y procede del Servicio Navarro de Salud, pero podría haber sucedido en cualquier lugar. Porque los profesionales cotillas parece que campan por todos lados y, seguramente, no solo en la sanidad.

Uno de los participantes en el encuentro.

Ahora bien, el problema que esta costumbre tan desoladora y tan humana pone sobre la mesa es la gran dificultad que existe para garantizar la confidencialidad de los datos, una de las mayores preocupaciones de los directivos de salud. Por mucho esfuerzo normativo que hagan los servicios autonómicos, es evidente que el impulso por saber “qué pasa de cintura para abajo y de cuello para arriba de determinadas personas y/o personalidades”, en feliz descripción de Alberto Talavera, director del Área de Salud de Tenerife, es capaz de derribar las normas más restrictivas.

Quizá lo más sensato sería apelar al más común de los sentidos, pero no. Y tampoco parece operativo, y de hecho no lo es, restringir el acceso de los profesionales sanitarios a la HCE, cuando son ellos los que tienen que dirimir, en caso de urgencia vital, qué hacer. Y en una situación así hasta la indiscreción es un mal menor. Total, que, de momento, la confidencialidad será un propósito muy loable en el ámbito sanitario, pero lejos aún de garantizarse en toda su amplitud.

Por el Encuentro de directivos canarios también pasó el evaluador Pedro Serrano, para intentar responder a una de esas preguntas legendarias del Sistema Nacional de Salud, que tiene una respuesta muy clara, pero que nadie acierta a pronunciar. El gerente Ignacio López Puech lo puso en bandeja, pero ni por esas: cómo es posible esta proliferación de agencias de evaluación sanitaria. Serrano no dijo lo obvio, y prefirió subrayar lo discutible: más que los procedimientos, importan los resultados, por lo que si tenemos agencias productivas, que hacen informes buenos y útiles, no importa cuántas existan. Lo dicho, discutible.

En el mensaje de Serrano había un poso autonomista, que la consejera, en el acto de clausura, elevó hasta la categoría de reivindicación. Son sus siglas, así que hizo bien en sacarlas a paseo, más aún en estas vísperas electorales que vivimos. Jugando en casa, habló sin tapujos de infrafinanciación y de un déficit histórico, imposible ya de enjugar por parte del Estado, nada menos que 2.412 millones de euros. Y encima criticó la descoordinación entre administraciones y pareció culpar sobre todo al Ministerio del mayor peligro que se cierne sobre el sistema, la falta de equidad.

Antes del mensaje político, hubo tiempo para comprobar la versatilidad de María Antonia Pérez, la directora general de Programas Asistenciales del Servicio Canario de Salud, capaz de hablar, sin casi solución de continuidad, de hepatitis C y de cronicidad, y a Rafael Sánchez Herrero, representante de una de las sanidades más avanzadas en esta última materia, Castilla y León. Aunque queda mucho por hacer: “Esto es una carrera de fondo, el cambio que estamos promoviendo es brutal”. Y seguro que todavía no somos capaces de advertirlo en toda su dimensión.