El
Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el
Real Decreto por el que se implantará de nuevo el
acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS). Así lo han anunciado la
ministra portavoz, Isabel Celaá, y la
ministra de Sanidad, Carmen Montón, en su comparecencia ante los medios, confirmando la noticia que ya
adelantaba el jueves Redacción Médica y que
confirmaban fuentes socialistas esta misma mañana.
Carmen Montón se ha congratulado de esta
norma "esencial" que mejora en la
salud individual de las personas que han quedado fuera y del conjunto de España. No dejamos fuera a nadie", ha puntualizado.
Sobre este nuevo real decreto la ministra ha añadido que "garantiza que
todas las personas sean atendidas en igualdad de condiciones". Para Montón, que cumple la promesa que anunció el
Consejo de Ministros hace seis semanas, esta es una buena noticia para el sistema sanitario de España "del que nos sentimos muy orgullosos y que
hoy se fortalece recuperando su carácter universal".
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Montón: "Nos sentimos muy orgullosos de nuestro sistema sanitario que hoy se fortalece recuperando su carácter universal"
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El
real decreto aprobado tiene
modificaciones respecto a su primera versión pues se modifica la necesidad de
condición de asegurado para acceder a la sanidad universal y se obtiene este derecho por la
"simple condición de ciudadano".
A este respecto, la titular de la cartera sanitaria ha añadido que la norma define como titulares del derecho a las
personas con nacionalidad española, a las
extranjeras que residen en España y "a aquellos que no lo hacen pero
que tienen reconocido su derecho a asistencia por cualquier otro tipo jurídico, pensionistas españoles que no residen en el país o trabajadores transfronterizos"
Por su parte, Isabel Celaá ha agradecido que su compañera
Montón "haya cumplido con su palabra". "Nos anunció un Real Decreto Ley para la protección de la salud y así lo ha hecho", ha puntualizado recordando que esta medida se implantará de forma
"igualitaria" en todas las CCAA.
El gasto extra correrá a cargo del Ministerio
Respecto a la regulación que puso en marcha el equipo de la
exministra de Ana Mato, el RD 16/2012, Montón ha criticado que fue una medida que produjo "
una situación de inequidad y de desigualdad" en el que
las CCAA "han asumido la prestación de la asistencia sanitaria pero sin seguridad jurídica, ni para las administraciones ni para los profesionales sanitarios".
Por último, la ministra valenciana ha asegurado que se han establecido criterios para
"evitar el uso indebido" de la asistencia sanitaria universal y que, ya que correrá a cargo de la administración pública,
"si supone algún sobrecoste correrá a cargo del Ministerio".
"La universalidad no supone un gasto extra al Estado sino que
favorece la sostenibilidad del SNS. La asistencia normalizada en
Atención Primaria permite un control de las patologías y evita que los pacientes acudan a Urgencias y tengan que ser hospitalizados", ha finalizado.
Techo de gasto y oferta de empleo público
Además de recobrar la universalidad del SNS, la de este viernes ha sido un una jornada intensa para el
Consejo de Ministros, el penúltimo antes del parón veraniego. El equipo de Sánchez ha sometido a votación propuestas de
techo de gasto así como la
oferta de empleo público de estabilización correspondiente a la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
En este punto, el equipo de la
ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha sacado adelante el acuerdo alcanzado con los
sindicatos CCOO, UGT, CSIF, ELA y CIG para crear
534 plazas de personal estatutario del Ministerio de Defensa e Ingesa. Estas plazas para personal sanitario estarán incluidas dentro de las más de 19.000 correspondientes a la
Administración General del Estado (AGE) que suponen la primera creación de empleo neto desde 2010.
El cien por cien de la retribución por IT
Respecto esta la
retribución por IT de los empleados públicos, entre los que se encuentran los sanitarios, se ha a
probado la ejecución del acuerdo suscrito con las organizaciones sindicales en marzo de 2018 y, con ello, la normativa para suprimir la r
educción retributiva que se venía aplicando desde el año 2012, cuando los empleados públicos se encontraban en situación de incapacidad temporal.
Dicha reducción suponía un descuento del
50% de las retribuciones del primer al tercer día de incapacidad temporal y de un
25% entre el cuarto y hasta el vigésimo día, ambos inclusive.
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