Después de escuchar a la comunidad científica el
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones da marcha atrás y ha modificado la orden que regula la
cotización retroactiva de los
becarios de investigación. El principal cambio que realizan desde la Administración es utilizar ahora la base de cotización en el año correspondiente, rebajando a menos de la mitad el coste para los investigadores. Esta medida es celebrada por la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (
ANIH), aunque la consideran de totalmente insuficiente: “Es necesario ampliar el tiempo que se puede recuperar más allá de los
cinco años establecidos, además de que sigue siendo injusto que el investigador pague la parte que debería haber cotizado la empresa, que en muchos casos eran entidades públicas”.
Una de las principales voces que no está satisfecha con la resolución del ministerio liderado por
Elma Saiz es
María Morán, presidenta de la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (
ANIH). Pese a que la investigadora celebra que “se haya decidido tomar como
base de cotización las del año en que se trabajó como becario, quedan muchas cosas por las que se debe seguir peleando y una de las principales es ampliar el periodo de tiempo que se puede recuperar, superando los
actuales cinco años establecidos”. Morán revela que esta cantidad de tiempo “resulta corta para muchos investigadores, sufriendo una laguna importante en su cotización y en su historial laboral”.
Para Morán, la
cotización de cinco años es suficiente “para la
fase predoctoral, pero si una vez defendida la tesis se quiere seguir trabajando con becas y no con contratos, es necesario ampliarlo. Desde la ANIH no se tiene la convicción de que lo vayan a considerar, pese a que se dejó claro que este punto era fundamental”.
"Cinco años resultan cortos para muchos investigadores, sufriendo una laguna importante en su cotización y en su historia laboral"
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Otro aspecto que la presidenta de ANIH pone sobre la mesa es que “sigue siendo injusto que el investigador pague la parte que
debería haber cotizado la empresa, la entidad empleadora, y que en muchos casos eran entidades públicas”. Morán recuerda que la comunidad científica ya se quejó de este planteamiento a finales de 2023 “cuando el ministerio publicó el borrador del convenio. No es justo pagar la parte correspondiente al empleador”.
El ministerio, ante una oportunidad de oro
Esta situación no es nueva para la comunidad científica, ya que Morán recuerda que en el año
2011 “también
hubo protestas en este sentido, pese a que no se logró avanzar debido a que no había tanta capacidad de movilización como ahora”.
"En el 2011 hubo también protestas en este sentido, pese a que no se logró avanzar debido a que no había tanta capacidad de mobilización"
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La investigadora destaca que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cuenta con una oportunidad de oro para lograr
un buen convenio y se realiza una nueva orden ministerial que responda a las
necesidades del colectivo. En caso de lograrlo “se podrá cerrar de una vez por todas este capítulo, salvo que lo hagan a medias y pongan otro parche”.
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