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Radiología señala "ambigüedad" competencial en nuevos protocolos de imagen

El texto ha recibido alegaciones de la Seram por "imprecisión relevante" en las funciones de cada perfil profesional

José Carmelo Albillos, presidente de la Sociedad Española de Radiología Médica (Seram); y Luis Concepción, vocal de asuntos profesionales de la entidad.


21 abr 2026. 14.20H
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El Real Decreto de Radiodiagnóstico, que también modifica el Real Decreto 673/2023 sobre Medicina Nuclear, continúa en fase de tramitación. En concreto, según expone el Ministerio de Sanidad a Redacción Médica, "en estos momentos, se está llevando a cabo el análisis y respuesta" a esas alegaciones formuladas durante el trámite de audiencia pública, y entre las que figuran las presentadas por la Sociedad Española de Radiología Médica (Seram), las cuales se centran en la atribución de funciones y la seguridad asistencial. 

Y es que la sociedad científica alega que la norma ha suscitado preocupación en la comunidad radiológica por posibles ambigüedades en la definición de responsabilidades profesionales. En concreto, su presidente José Carmelo Albillos advierte de una "imprecisión relevante" en el artículo 9 del texto normativo, donde se atribuyen determinadas funciones a la  denominada "persona médica especialista".

A juicio de la sociedad científica, este término resulta "excesivamente vago" y podría dar lugar a "interpretaciones extensivas" que no se ajustan "al marco legal vigente". "Nosotros hemos participado en la elaboración del Real Decreto, aunque no se han recogido todas nuestras propuestas", señala en este diario Luis Concepción, vocal de asuntos profesionales de la entidad.

Atribución de funciones


El principal punto de preocupación se centra en la posible atribución de funciones propias del especialista en radiodiagnóstico a otros profesionales sanitarios. Entre estas funciones, matiza Albillos, se incluyen la "interpretación de imágenes y la emisión del informe radiológico final", consideradas competencias nucleares y exclusivas de esta especialidad. Según la Seram, permitir que otros especialistas asuman estas tareas, aunque sea de forma indirecta o por ambigüedad normativa, podría "comprometer la calidad asistencial y aumentar el riesgo de errores diagnósticos".

Además, la sociedad científica recuerda que el Real Decreto 601/2019 establece de forma expresa que también corresponde al especialista en radiodiagnóstico "la supervisión de las exploraciones y la valoración de la indicación del proceso radiológio". Por ello, considera imprescindible que el nuevo decreto mantenga la coherencia con esta normativa y no introduzca elementos que puedan generar solapamientos competenciales.

Una redacción más precisa


Es por ello que la Seram propone "reducir la ambigüedad y vaguedad" en la redacción del artículo 9, en la que que establezca una diferenciación explícita entre los distintos contextos en los que se emplean radiaciones ionizantes. En concreto, plantea distinguir entre las unidades asistenciales de radiodiagnóstico, las unidades de Radiología Intervencionista y el uso instrumental de equipos radiológicos por parte de otras especialidades.

Asimismo, la sociedad científica subraya la necesidad de dfierenciar entre el informe radiológico diagnóstico y la documentación clínica derivada del proceso instrumental. Ambos documentos , defiende, responden a "figuras jurídicas y asistenciales distintas, dotadas de finalidades, contenidos y sujetos responsables claramente delimitados".

Más exigencia en control, formación y dosis


Aparte, Concepción también pone el foco en el refuerzo de los requisitos técnicos y organizativos que introduce el nuevo decreto. Así, señala que "lo que se pide es una gestión más exhaustiva de la formación y de la dosis asociada a los procedimientos". Aunque subraya que estos controles ya existen, reconoce que su aplicación no es homogénea en todos los centros sanitarios. "Se hacen muchos procedimientos y los centros no tienen una situación uniforme, porque dependen de su tamaño o de si disponen de  servicios de radiofísica propios", añade.

Esta variabilidad implica, según Concepción, la necesidad de reforzar los mecanismos de control: "Esto obliga a que los centros tengan mucho más seguimiento de quién utiliza las radiaciones, qué dosis se está empleando y con qué equipos se trabaja". Un planteamiento que, en la práctica, elevará el nivel de exigencia organizativa y técnica de los servicios de Radiología.

Impacto organizativo y respuesta del sector


Desde el punto de vista del sistema sanitario, la Seram considera que el decreto supondrá un incremento de las exigencias para los centros, especialmente en materia de recursos humanos. "Al final va a implicar más requisitos de personal", apunta Concepción, que considera que este será uno de los principales retos en su implementación.

Sin embargo, prevé que el texto sea bien acogido en términos generales por su carácter técnico y objetivo. "Más allá de posibles dificultades de adaptación por parte de las comunidades autónomas, lo que se pide es bastante claro y no debería generar un rechazo significativo", opina. 

Por otro lado, desde una perspectiva más amplia, la Seram insiste en que la clarificación solicitada "refuerza la seguridad del paciente, la calidad asistencial y la coherencia del sistema". 

¿Qué propone el Real Decreto?


El texto introduce un refuerzo de los requisitos técnicos y organizativos en los centros sanitarios, con el objetivo de mejorar la seguridad del paciente y la calidad asistencial. Entre las principales medidas, plantea la obligatoriedad de implantar programas de garantía de calidad y seguridad en todas las unidades de radiodiagnóstico, así como la aplicación de los principios de justificación y optimización de las exposiciones médicas, para asegurar que las dosis de radiación sean las mínimas necesarias.

Asimismo, el texto recoge la necesidad de establecer protocolos y controles técnicos más estrictos, incluyendo criterios de aceptabilidad de los equipos, sistemas de control de calidad y mecanismos de seguimiento de resultados. También contempla la implantación de sistemas de auditoría y evaluación, que permitirán a las autoridades sanitarias verificar el cumplimiento de estos estándares.

El proyecto refuerza además la organización de las unidades asistenciales y eleva las exigencias en formación, uso de equipos y recursos humanos, con el objetivo de avanzar hacia una aplicación más homogénea en todo el sistema sanitario.
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