La salud mental tanto de las personas mayores como con discapacidad intelectual, así como las alternativas existentes para el cumplimiento de penas de cárcel en personas con enfermedad mental que han cometido un delito, son las tres problemáticas emergentes a las que se tienen que enfrentar los psiquiatras en el futuro. "Tenemos que estar preparados porque se salen de las cuestiones clásicas a los que estamos acostumbrados los especialistas, como la psicosis, las esquizofrenias, los trastornos bipolares o las depresiones", asegura a Redacción Médica el miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Vasco-Navarra de Psiquiatría, Ignacio Quemada.
"El envejecimiento de la población, junto con el aumento de la esperanza de vida, están generado situaciones de dependencia y con dificultades para ser atendidas en el ámbito familiar. Es un problema que va a más. Normalmente acuden a las residencias de ancianos porque sufren enfermedades físicas -por lo que se ve afectada la autonomía-, deterioro neurológico y un cambio de entorno", asegura el especialista.
"Estos factores contribuyen a la aparición de trastornos emocionales y conductuales, que requieren a su vez una participación mayor de los psiquiatras para tratar de mejorar la calidad de vida y la convivencia en la residencia. Por ejemplo, una persona que se manifiesta con agresividad vinculada a una demencia, dificulta la estancia". De ahí que el papel del profesionales psiquiátricos sea "estar presente como consultor en las residencias de las personas mayores porque, si no, la situación será insostenible y la solución será enviar a los pacientes al servicio de urgencias de Psiquiatría, unos ingresos hospitalarios que pueden ser evitados si hay un especialista que le vaya asesorando".
Otro de los nuevos desafíos a los que se tienen que enfrentar los psiquiatras lo conforman "aquellas personas que se ven inmersos en alguna problemática legal porque han cometido un delito y su enfermedad mental les hace inimputables. Los juzgados establecen que tienen que cumplir una serie de medidas de seguridad para los cuales, según sea el tipo de delito, nosotros debemos arbitrar distintas soluciones sanitarias". En ese sentido, los especialistas defienden que "si la persona tiene un problema legal pero la enfermedad psiquiátrica ha estado en el origen de ese delito, el paciente tiene que ser tratado en un entorno psiquiátrico. Si ha creado una alarma social, habrá que tratarlos en entornos de máxima seguridad y, si no tienen ese nivel de peligrosidad, la terapia tendrá que llevarse a cabo en hospitales o ambulatorios". Por eso, defienden que hay que fomentar distintas "formas de tratamiento para cumplir la pena que no les obligue a un desplazamiento tan lejano", ya que actualmente solo hay dos psiquiátricos penitenciarios en España, ubicados en Alicante y Sevilla.
Por último, Ignacio Quemada pone el foco en la atención psiquiátrica a la discapacidad intelectual: "En los últimos 30 años se ha llevado a cabo un proceso muy exitoso en integración social, consiguiendo que los pacientes vivan en sus domicilios o en pisos que han creado las propias asociaciones de familiares. Sin embargo, sigue existiendo un porcentaje de casos que tienen dificultad para vivir en estos entornos por las complicaciones psiquiátricas o conductuales". Este tipo de personas "necesitan un apoyo psiquiátrico porque no pueden compartir los entornos comunitarios. Es una problemática que se ha ido sacando al ámbito de lo social, pero requiere de una contribución de la Psiquiatría que, en cierta medida, le ha dado la espalda. Hay comunidades, como por ejemplo Cataluña, que han desarrollado unidades psiquiátricas específicas para discapacidad intelectual que analizan estas situaciones, reajustan los tratamientos y los reubican en la comunidad, pero hay otras que no tienen ningún desarrollo de este tipo. Es fundamental que desarrollemos una criterios comunes".
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