El Síndic de Greuges de Cataluña, Rafael Ribó, ha denunciado diferencias cuantitativas en el diagnóstico del trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) que oscilan entre el 20 y el 30 por ciento en función del centro de salud mental infantil y juvenil (abreviado Cesmij) de que se trate.
Un dato al que se suma otro más preocupante si cabe, según ha destacado: la elevada incidencia de esta disfunción del comportamiento infantil que lleva, en ocasiones, a dejar de atenderla o no hacerle el adecuado seguimiento.
Ribó ha presentado, este lunes en el Parlamento autonómico (y acompañado de la adjunta en defensa de los derechos de los niños y los adolescentes, María Jesús Larios) el Informe Anual sobre los Derechos del Niño del 2016, en el que reclama iniciar cambios estructurales en materia de políticas para la infancia introducidos por medio de propuestas en los informes de los últimos años.
El documento busca defender aquellos principios que incumben a los derechos de los niños y que afectan a lo establecido por la Convención Internacional que se vulneran o que no se cumplen en grado suficiente por parte de las administraciones, y que requieren, en consecuencia, la actuación del Síndic.
Entre las demandas del organismo autonómico, se ha puesto el foco en el combate de la pobreza infantil que, en 2015, entre los jóvenes menores de 16 años se situó en tasas del 30 por ciento en lo relativo a la de carácter moderado, y en un 11 por ciento de jóvenes incluidos en la muestra de pobreza severa.
En este sentido, el Síndic ha concluido que la única manera de combatir la pobreza es aumentando las partidas relativas a prestaciones y pide a las administraciones encargadas celeridad en la fijación de unos mínimos aceptables para “poder avanzar”.
Entre los colectivos destacados se encuentran los conocidos como niños de la cola, para los que ha pedido protocolos que garanticen una “detección a tiempo” del problema de adicción, un tratamiento médico y psicológico para “combatir la adicción” y un plan de adecuación de los menores a los centros escolares donde realizan su formación, ya que en muchos casos el nivel que se les adjudica no coincide con el suyo propio, lo que desencadena problemas añadidos.
Publicar las listas de admisión a las escuelas e institutos
Ribó ha presionado al Departamento de Enseñanza para que ordene a los centros escolares hacer públicas las listas de admisión a sus escuelas e institutos, así como la publicación de las plazas vacantes, además de aumentar, en la educación entre cero y tres años, la equidad para resolver el conflicto de accesibilidad a actividades complementarias y a material escolar.
Por último, el Síndic de Greuges ha pedido la derogación del artículo 236 de la ley 25/2010 del Código Civil catalán, que estipula la “facultad de corrección” de los padres sobre los menores, ya que se trata de un texto ambiguo y el “castigo corporal” induce al maltrato infantil, y pide especial atención con los bebés y asegurar un seguimiento correcto debido a su condición de vulnerabilidad, además de explicar que la normativa europea de respeto pide su supresión.
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