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El acceso 'extra' a Psiquiatría Infantil tuvo una "dificultad adecuada"

El tribunal reafirma el 'no' a las quejas de sociedades científicas en las actas, publicadas recientemente por Sanidad

Exteriores del Ministerio de Sanidad.

02 nov 2023. 16.30H
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El tribunal que evaluó este verano la prueba ‘extra’ para obtener el título de especialista de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia defiende que el ejercicio “respondía a un nivel de dificultad adecuado para aquellos que ejerzan su actividad” en la especialidad, ante las quejas que, contra el proceso, ya habían hecho llegar “tanto candidatos como sociedades científicas”. Así consta en las actas del examen, firmadas en julio, pero publicadas recientemente en la página web del Ministerio de Sanidad.

Crear la especialidad MIR en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia era una reclamación histórica que se hizo realidad en agosto de 2021, cuando el Consejo de Ministros lo aprobó en Real Decreto. Unos 800 psiquiatras presentaron su solicitud a la convocatoria, y más de la mitad obtuvieron el título.

Sin embargo, Sanidad tuvo que convocar un nuevo proceso ‘extra’ para Psiquiatría Infantil en 2022 después de que el Tribunal Supremo obligara a eliminar uno de los requisitos recogidos en el RD: haber cursado el trayecto A en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia para poder presentarse al examen. El Alto Tribunal atendió las quejas de colectivos de profesionales, que denunciaron que dicho trayecto no se ofrecía en todos los programas MIR, de modo que exigirlo conllevaba discriminar a muchos psiquiatras.

La prueba extraordinaria se celebró el pasado 29 de junio. Se presentaron 372 personas, de las que aprobó el 57,26 por ciento, una cifra insuficiente para las sociedades científicas y asociaciones de psiquiatras como el colectivo Psiquiatras Unidos por la Psiquiatría del Niño y del Adolescente (Pupnya), que, en un comunicado, denunció que el proceso estuvo “lleno de irregularidades, no se rigió a las bases de la convocatoria y no era fiable, ni objetivo, ni medía los conocimientos de un clínico”. Varios jefes de servicio también criticaron el proceso para lograr el título de psiquiatra infantil  en declaraciones a este medio y apoyaron las reivindicaciones de los afectados.

Sanidad ha defendido el proceso desde el principio


Con la defensa a las preguntas de la prueba en las actas, en las que también se exponen las alegaciones presentadas a la prueba y los motivos de desestimación de todas las reclamaciones, el tribunal reafirma ahora los argumentos expuestos desde el principio por Sanidad para hacer oídos sordos a las quejas y las acusaciones de los profesionales.

Fuentes ministeriales afirmaron en su momento a este medio que el proceso selectivo “ha garantizado que las personas que han superado el examen tienen competencia para el ejercicio de Psiquiatría Infantil y Adolescente”. También subrayaron que, entre la primera y la segunda convocatoria de esta vía, lograron el título de especialista 868 personas, “un número muy superior a las estimaciones de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN), que estimaban que podrían aspirar al título 683 especialistas”.

Asunción de responsabilidades


En un comunicado remitido a Redacción Médica en agosto, el colectivo Pupnya ya exigía que rodaran cabezas tanto en el Ministerio de Sanidad como en la Comisión Nacional de la Especialidad de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia “ante su incapacidad de poder brindar una solución a más de un centenar de psiquiatras que ven en peligro sus puestos de trabajo”.

Los profesionales lamentaban que no se tuvieran en cuenta las impugnaciones presentada al examen y que “no escuchen la petición de los jefes de servicio de encontrar una solución para que no se vea perjudicada la atención clínica a todos los niños y adolescentes en los distintos hospitales y centros de salud del país”. Además, advertían de que, entre los psiquiatras que suspendieron, había quienes barajaban dejar sus trabajos y “pasar a servicios de Psiquiatría de adultos en unidades que aseguren mayor una mayor estabilidad laboral”, lo cual no acabaría sino precarizando la atención psiquiátrica a niños y adolescentes.
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