Reversión de La Ribera: se mantienen los puestos, pero no las condiciones

La sanidad privada en España vive sus momentos más convulsos, siendo la Comunidad Valenciana su principal foco. El Ejecutivo autonómico está completamente decidido a devolver a la red pública los hospitales concertados y ha empezado con el de La Ribera, en Alzira, el primero cuyo contrato de concesión expira en este mandato. La Consejería de Sanidad autonómica asegura que este cambio no afectará "absolutamente en nada" a pacientes y a profesionales, mientras que el sector privado (representado por Ribera Salud y el IDIS) y los representantes de los trabajadores (como el sindicato médico Amyts) recelan de que las condiciones laborales de estos sanitarios se mantengan tras la reversión.

¿Qué beneficios tiene revertir este modelo?

Ricardo Campos Fernández, subsecretario de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana: Desde la consejería entendemos que los beneficios van a ser importantes, tanto para la ciudadanía como para los profesionales. No es que vayamos a hacer una reversión, sino simplemente que hay un contrato que finaliza en una fecha determinada y la intención de este Gobierno es no continuar con este modelo.

Para la tranquilidad de los ciudadanos y los pacientes decirles que no se va a cerrar nada. Es decir, el día 31 de marzo acaba la concesión y el 1 de abril continúa el hospital funcionando con el mismo personal y la misma cartera de servicios. Les aseguramos que vamos a ganar con la gestión directa de la sanidad.

Ricardo Campos: "No vamos a subrogar la plantilla de Alzira tras la reversión".

¿Se realiza por motivos económicos o políticos?

Ricardo Campos Fernández: Por motivos económicos que todavía no sabemos exactamente, porque tenemos grandes dificultades en conocer el coste real, aunque Ribera Salud habla siempre de que es un modelo 25 por ciento más eficiente. Lo que no dice el grupo es de lo que está exento de pago (como las prótesis, el transporte sanitario, la farmacia...) y que, por lo tanto, es muy difícil de controlar por los gestores. Pero también beneficios sociales porque, a fin de cuentas, es una empresa privada que tiene que repartir dividendos entre unos accionistas, mientras que la Administración lo reinvierte en el propio sistema.

¿Es rentable para el sistema que Alzira vuelva a ser cien por cien público?

Manuel Vilches, director general del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS): Como representante del sector sanitario privado no entendemos que no se sepan las cifras económicas, porque del ámbito asistencial sí que se tienen. También nos preocupa el tema de la percepción, es decir, que por ser una empresa privada que reparta dividendos, somos peor que una de entidad pública.

Tenemos que centrarnos en los resultados y los de salud son claros y evidentes: la percepción de los usuarios es claramente a favor del sistema que han tenido, porque simplemente iban a su hospital y tenían una asistencia perfecta, rápida y, en la medida de lo posible, ajustada lo máximo al precio. Y les daba igual la titularidad. Entonces, que repartir dividendos sea un problema, está fuera de lugar. Es posible dar una sanidad muy buena y a un precio más ajustado que el que se está dando en la pública.

¿Qué costes tendrá, tanto para la red pública como la privada, esta reversión?

Ricardo Campos Fernández: Me gustaría decir, en contra de lo que ha expresado el representante de IDIS, que en ningún momento he dicho que repartir dividendo sea un problema, sino que en la Administración pública se reinvierte en el propio sistema y no en los bolsillos de los accionistas.

Manuel Vilches: Si no me equivoco, en los años que llevamos con las transferencias hechas y los presupuestos asignados por Sanidad, la desviación del gasto real efectuado nunca ha sido inferior al 8 por ciento del presupuestario. Por tanto, la pública no ha podido repartir dividendos jamás y tampoco reinvertir en el sistema.

Ricardo Campos Fernández: Efectivamente, se ha trabajado por encima del presupuesto porque la financiación que llega a la Comunidad Valenciana es patética.

Javier Palau, gerente del Hospital La Ribera: Ante la primera pregunta de qué beneficios tiene revertir de este sistema, creo que ninguno, porque estamos ante un modelo que, después de más de 15 años de funcionamiento, está demostrando unos indicadores claramente favorables y, en muchísimos casos, por encima de la media de los hospitales de gestión directa de la Comunidad Valenciana.

Acabar con el contrato no sé si será un tema ideológico o no, pero sí de prejuicio anticipado y sin poner los datos sobre la mesa. Los económicos, por ejemplo, hablan de que en La Ribera no podemos repartir dividendos que superen el 7 por ciento, aunque jamás se ha pasado de ese porcentaje. O que la cápita de este año tiene una diferencia de 150 euros entre las concesiones. Y en cuanto a los asistenciales, nuestro hospital tiene un índice de ocupación de más del 90 por ciento, mientras que los públicos están por debajo del 70 por ciento.

Es verdad, que la farmacia no está dentro del contrato y ya nos gustaría que estuviese, porque es bueno que la pudiéramos gestionar, ya que nuestros indicadores son los mejores y tenemos un precio por receta más bajo que la media.

Una de las partes importantes en esta reversión es el papel de los profesionales. En La Ribera trabajan cerca de 2.000 empleados, de los cuales, unos 1.800 están bajo régimen estatutario. ¿Cómo les afecta esta situación?

Alloza explica el nuevo convenio del Hospital de Alzira.

Mónica Alloza, responsable de privadas del sindicato Amyts: La mayoría de hospitales del modelo de gestión indirecta tienen convenios propios, por lo que sus condiciones nada tienen que ver con las del personal sanitario de gestión directa. ¿Esto qué significa? Pues que además de las diferencias que pueda haber en condiciones y retribuciones, si se revierte el hospital al sistema público, los profesionales quedan en una situación de incertidumbre.

¿Cabe la posibilidad de que sean despedidos?

Mónica Alloza: Quiero entender que no, sino que su convenio deberá también sufrir una transformación, como ha ocurrido en la Comunidad de Madrid con los seis hospitales que tenían gestión indirecta. A estos trabajadores se les ha ofrecido pasar a ser estatutarios bajo el régimen del Estatuto Marco como interinos, o se les ha dado la opción de pasar al convenio laboral público de la región, por lo que entiendo que en la Comunidad Valenciana ocurrirá una situación parecida.

No son despedidos pero, ¿tendrán unas condiciones laborales diferentes?

Mónica Alloza: Probablemente. De hecho, en Madrid, las condiciones laborales que se ponían encima de la mesa eran peores económicamente para los profesionales.

Manuel Vilches: No tengo la percepción de que fueran peores. Soy cirujano y tengo muchos amigos que estuvieron en ese proceso y, desde luego, las condiciones en absoluto eran peores, porque tenían la posibilidad de tener una política de retribución por incentivos de la que no disponían antes, por investigación, docencia, ensayos... Es más dinero y además premia al que mejor lo hace. Lo del café para todos es algo que nunca he entendido.

Mónica Alloza: La política empresarial y de retribución al personal de Ribera Salud es diferente de las otras empresas que gestionan en Madrid como pueda ser Sanitas o Quirónsalud. De entrada, en esta región no existen convenios propios y no a todo el mundo se le aplica el Convenio General de Clínicas Privadas, el cual, simplemente leyendo se evidencian que las condiciones laborales son peores: no existe la jornada complementaria, las guardias, los trienios, la antigüedad?

El contrato con el grupo Ribera Salud finaliza en marzo de 2018, pero el convenio de los trabajadores de La Ribera lo hace en diciembre de ese año. Una circunstancia que está generando tensiones entre las consejerías de Sanidad y Educación valencianas por aclarar el futuro de estos puestos de trabajo. ¿Qué opinan?

Ricardo Campos Fernández: Garantizar estos puestos de trabajo es un compromiso, no solo de la consejera Carmen Montón, sino también del Gobierno y de su presidente, Ximo Puig. Se va a mantener la misma plantilla que existe en este momento y no se va a subrogar por completo.

Sabemos que tanto el Comité de Empresa de La Ribera, como la Junta de Personal y la Mesa Electoral de Sanidad están encantados con la reversión, ya que lo llevan pidiendo muchísimo tiempo. Y no solamente eso, sino que el resto de concesiones nos exigen tener las mismas condiciones que vayamos a pactar con estos trabajadores, es decir, lo que pasa que es imposible porque económicamente no nos lo podemos permitir. El problema es que hay trabajadores que tienen la perspectiva de pasar a ser empleados públicos en las mismas condiciones que otros, es decir, se está mezclando un tipo de empleado con contrato laboral que no tienen nada que ver con los consorcios.

¿No serán despedidos?

Ricardo Campos Fernández: En absoluto.

¿Mantendrán las mismas condiciones laborables?

Ricardo Campos Fernández: No lo sabemos exactamente porque hasta ahora hay un ocultismo y una opacidad que no nos deja escudriñar las actas de las comisiones mixtas que se han celebrado durante todos estos años. Las liquidaciones no se habían hecho y muchas están judicializadas, porque hay una discrepancia importante entre lo que se considera la consejería que se le debe y lo que consideran las concesionarias.

Se cuestiona si se van a mantener las mismas condiciones laborales y pregunto: ¿qué condiciones tienen? Porque no podemos saberlo, según la Ley de Protección de Datos. Entonces, ¿cómo sé los contratos que tienen? Desde la consejería lo único que podemos garantizarles es que van a seguir trabajando y, con el tiempo, les igualaremos las condiciones con los empleados públicos.

Javier Palau: "La reversión no tiene ningún beneficio".

Javier Palau: Es cierto que la consejería ha estado hablando con los representantes de los trabajadores, pero luego muchos de estos empleados vienen a mi despacho preocupados por lo que va a pasar con su futuro laboral. Hay incertidumbre. Las condiciones que tienen actualmente los sanitarios han sido firmadas por los sindicatos de forma unánime, cosa que es bastante poco frecuente en el sector. En la pública, la retribución variable, en el mejor de los casos, es de 800 años al año, mientras que en La Ribera puede estar por encima del 20 y del 35 por ciento de su salario. Pero no solo eso. Otros indicadores hablan de que el 80 por ciento de los trabajadores de La Ribera tienen sentido de pertenencia a este hospital y quieren seguir estando allí.

Ricardo Campos Fernández: Nosotros respetamos el convenio colectivo, excepto en que no se puede extender más allá de lo que dos partes han pactado cuando una tercera va a entrar a negociar el tema. Por lo tanto, en este momento está denunciado porque no puede prorrogarse más allá de lo que es la fecha de finalización.

Manuel Vilches: No deja de ser curioso que tenga que ser la Justicia la que decida cuando, en la vida real, si alguien se hace cargo de una empresa se tiene que subrogar a todas las condiciones previas, ya sea deudas, activo, personal laboral, condiciones de los profesionales?

Ricardo Campos Fernández: Los profesionales están protegidos por un convenio colectivo hasta que se acabe la concesión.

Javier Palau: Pero el acuerdo está firmado hasta finales de 2018, no hasta que se termine la concesión porque la empresa trata de proteger a estos trabajadores.

Ricardo Campos Fernández: Y la Administración también.

Mónica Alloza: Y se ha hecho así para acabar un poco con el tema de la incertidumbre, ya que mientras se negocie, los empleados están cubiertos por un convenio colectivo. Pero una cosa son las condiciones que se pactan y otra es el día a día, como la presión asistencial. Es cierto que, a diferencia de los hospitales de gestión directa, la presión asistencial que tienen los profesionales en este modelo es mucho más alta. Este modelo debería tener un equilibrio entre una gestión eficiente y un servicio de calidad en unas condiciones para los profesionales de seguridad y de calidad, ya que a veces son un poco cuestionables.

Javier Palau: Podemos comparar el Hospital de Vinaròs, que está en la otra punta del nuestro, y al que no quiere ir nadie. Esto significa que, a veces, la presión asistencial no es solo un tema de gestión, sino también geográfico.

Ricardo Campos Fernández: En el caso de Alzira no es por un motivo geográfico, ya que en Urgencias hay una rotación del 40 por ciento de sus profesionales.

Mónica Alloza: En Madrid probablemente no hay esta falta de profesionales porque todos los años forma a muchísimos vía MIR y vía facultades de Medicina y probablemente hay más oferta que en otros sitios. Pero sí que es cierto que ha habido muchísimo recambio de trabajadores en estos hospitales y que la gente al final, si tienen la oportunidad, sacrifica un contrato indefinido por irse a la pública a un contrato precario. Con precario me refiero a que no es indefinido. ¿Por qué? Porque no aguantan la presión asistencial.

Javier Palau: Si decimos que en un sitio se trabaja con mayor presión, también podemos decir que en otros se hace con menos, y tendremos que ver por qué.

Ricardo Campos Fernández: Eso es descalificar a los profesionales de la pública.

Javier Palau: Nada más lejos de mi intención, porque yo he trabajado en la pública toda mi vida. Cuando hablamos, por ejemplo, de las suspensiones quirúrgicas, en los públicos es de hasta el 10 por ciento, mientras que en La Ribera es del 0,6.

Ricardo Campos Fernández: Por eso mismo deberías defender el sector público.

Javier Palau: Defiendo a la pública porque Alzira es un hospital público.

Manuel Vilches: ¿Por qué defender al sector público, Ricardo? ¿Por el mero hecho de ser público?

Ricardo Campos Fernández: No, yo simplemente no descalifico a la privada.

Los participantes en un momento del debate, que se ha celebrado en el plató de Sanitaria 2000.

Manuel Vilches: No, estamos hablando de la privada, sino de la pública. La presión es una percepción personal de cada uno pero, ¿dónde está el punto medio? Lo que no podemos hacer es contar que se presiona mucho cuando en realidad lo que se está haciendo es trabajar a unos ritmos indudablemente más altos. Lo que no tiene sentido es decir que están tremendamente presionados y se van, cuando no lo he visto. Además, informes de universidades extranjeras respaldan a Alzira en cuento a niveles de eficiencia y calidad percibida.

Mónica Alloza: Cuando hablo de presión asistencial digo que la hay en este tipo de hospitales. ¿Esto qué implica? ¿Que el 100 por ciento del tiempo del profesional hay que dedicarlo a la asistencia? ¿Qué pasa con sus otras facetas? ¿Cómo queremos que el sanitario siga siendo excelente y esté altamente cualificado si no le damos tiempo a lo largo de su jornada para investigar, para la docencia, la formación continuada o para atender a los estudiantes? Creo que hay que tener un equilibrio y no puede ocupar el 100 por ciento de su tiempo.

¿En qué repercutirá al paciente que Alzira deje de tener un modelo de colaboración público-privado?

Ricardo Campos Fernández: El paciente no va a notar nada después del 31 de marzo, porque tanto la cartera de servicios como los puestos de trabajo se van a mantener. El usuario va a seguir disfrutando de las mismas condiciones que tiene, y es más, nuestra intención son mejorarlas porque queremos optimizar muchas áreas y planificarlas según el interés asistencial y no económico.

Javier Palau: Volvemos a estar en una situación parecida a la que qué pasa con los profesionales. La consejería quiere reordenar seis grandes áreas de salud por especialidades, sin tener en cuenta la capacidad que tiene, por ejemplo, La Ribera, cuya cartera de servicios está por encima de otros hospitales como el de Peset y al mismo nivel que pueda tener el Clínico.

Habrá que esperar a ver qué pasa, pero desde que trabajo en Alzira me ha sorprendido la capacidad que tiene el hospital y lo absolutamente integrado que está en la comarca, tanto con el ayuntamiento, como con las asociaciones de pacientes y la sociedad civil. Es algo que no he vivido nunca.

Ricardo Campos Fernández: Lo de la integración comarcal depende de los sitios, porque en Denia, el 70 por ciento de los municipios han hecho mociones pidiendo al Gobierno valenciano la reversión del modelo concesional por el gran molestar que existe. No creo que este modelo sea ni bueno ni malo, sino la forma en la que se está haciendo el trabajo, y aquí se están teniendo muchos problemas. Para mí es un modelo rancio y abocado al fracaso, que no tiene ningún sentido mantener.

Javier Palau: Habla de rancio para luego decimos que vamos al volver al sistema tradicional, que más rancio no puede ser.

Los pacientes están a favor del 'modelo Alzira, según el IDIS.

Manuel Vilches: En todo el mundo civilizado funcionan las concesiones pero no solo en hospitales, sino también en prisiones, en autopistas y en todo aquello que requiere una inversión cuando la autoridad pública no tiene el activo para financiarla.

Ricardo Campos Fernández: Pero construir una carretera no es un derecho fundamental como puede ser la salud de las personas.

Manuel Vilches: Tan importante es una carretera para un pueblo aislado como el dar la mejor asistencia sanitaria. No entremos en mensajes ideológicos. La salud la están dando exactamente igual de bien. Se nos llena la boca siempre de decir que tenemos el mejor sistema sanitario del mundo y no es verdad, porque cuando se hacen las encuestas en Europa, no salimos bien parados precisamente.

Ricardo Campos Fernández: Por eso los extranjeros vienen a España a operarse...

Manuel Vilches: Vienen aquí porque somos mucho más baratos y les sale gratis, no nos equivoquemos.

Ricardo Campos Fernández: Y más eficientes y mejores.

Manuel Vilches: No somos más eficientes, es por un tema exclusivamente de coste y calidad. Y en cuanto a inversión y percepción de la calidad, nuestro sistema sanitario público es de los que se quedan atrás. Multitud de países de Europa funcionan con modelos concesionales, mientras que aquí nos empeñamos en perpetuar un modelo que ya ha demostrado durante años que no es eficiente.

Ricardo Campos Fernández: No hay estudios de evaluación independientes que justifiquen un modelo como el sistema de concesión administrativa en evaluación.

Manuel Vilches: Ni ninguno que justifique la eficiencia del sistema público, que se desvía más de un 20 por ciento del presupuesto cada año.

Ricardo Campos Fernández: Naturalmente. Mientras se siga invirtiendo un punto y medio por debajo del PIB respecto a la media de Europa, iremos con déficit. Pero como sistema público, nuestra sanidad es reconocida como una de las mejores del mundo, junto con la de Canadá.

Manuel Vilches: El sistema sanitario público tiene evidentes puntos de mejora. Y uno de ellos sería poner a disposición de los pacientes todos los recursos disponibles, en lugar de hacer todo lo contrario. Privatizar es cambiar la titularidad. Aquí no se cambia la titularidad, sino que únicamente se hace un contrato para gestionar eso que sigue siendo de titularidad y financiación pública. Por lo tanto, lo de Alzira no es privatizar.

Ricardo Campos Fernández: No es lo mismo gestionar la construcción de una carretera, insisto, que la salud de los ciudadanos. Si mañana entra en quiebra Ribera Salud -que no lo deseo-, la Administración, como gestora pública, está en la obligación al día siguiente de garantizar su funcionamiento; pero si a una UTE se le termina el dinero para acabar la carretera, no pasa nada. Entonces es falso eso de que la transferencia de riesgo se vende.

Javier Palau: Los resultados que se obtiene con la gestión privada son claramente mejores que los que se obtienen con la gestión directa.

Ricardo Campos Fernández: Llevamos un año gestionando la Consejería de Sanidad y estamos mejorando todos los parámetros, como las listas de espera o abrir hospitales por la tarde.

Javier Palau: Cuando estuve trabajando en La Fe de director médico, la mitad de los quirófanos ya estaban trabajando por las tardes. Es decir, que no es una novedad.

Ricardo Campos Fernández: Sí, y es una tendencia que se va a extender para mejorar en estos años lo que no se ha hecho en 20.

Conclusiones del debate sobre el 'modelo Alzira'.

Conclusiones:

Ricardo Campos Fernández: La reversión de Alzira no es un tema puramente ideológico, sino de preocupación social. De los casi cinco millones de habitantes de la Comunidad Valenciana, un millón están en manos de gestores privados.

Es cierto que la sanidad privada en España funciona muy bien, pero en otros casos, como la concesión administrativa en Manises, es una multinacional londinense de capital riesgo la que la gestiona. Por tanto, son los británicos los que toman las decisiones sobre la gestión sanitaria de esta región. A mí, como español, me preocupa. O como el caso de Ribera Salud, cuya mitad pertenece a la compañía norteamericana Centene Corporation. Desde el punto de vista de la Administración, no es admisible una concentración tan grosera de la gestión sanitaria pública y, por tanto, la reversión de este modelo traerá más beneficios a la población, tanto pacientes como trabajadores, que no hacerlo.

Javier Palau: Cuando se revierte un contrato debe ser siempre con datos encima de la mesa. El interés general debe prevalecer, tanto de los pacientes como de los profesionales, y no es momento de hacer experimentos.

Mónica Alloza: ¿Cuál es la influencia de las distintas empresas concesionarias en el modelo y cómo cada una de ellas lo interpreta? Alzira tiene una interpretación para los profesionales muy diferente de que tiene, por ejemplo, Quirónsalud. Esto influye en los profesionales, en su retribución, sus objetivos, en la filosofía de cómo se consigue fidelizar al paciente, etc. Independientemente de valorar si el modelo es bueno o malo, es importante garantizar un control desde las consejerías de Sanidad tanto de los hospitales de gestión indirecta como los de gestión directa sigan las mismas reglas del juego, para que no quede incertidumbre después del fin de la concesión.

Manuel Vilches: Estoy de acuerdo en que el Estado administra nuestros impuestos y es a quien deberíamos pedirle explicaciones. Tenemos multitud de ejemplos en Europa en los que se está viendo que los sistemas más apreciados como el holandés, o el de los Países Bajos, tienen una altísima inversión pública y un 100 por ciento de provisión privada, porque lo que tiene que hacer el Estado es gestionar, controlar, administrar, concertar y buscar lo mejor para sus usuarios.

Desde mi punto de vista, las concesiones administrativas en sanidad tienen puntos de mejora, pero que ¿se tenga que revertir directamente simplemente porque hemos cambiado el ámbito ideológico? No nos gusta y menos sin datos objetivos al respecto, porque no está justificado. Hay que avanzar más en eso y exigirles a nuestros políticos que tomen las decisiones con una repercusión clara y evidente. Y, lamentándolo mucho, aún no lo he visto. Esa es nuestra petición, que dejemos un poco el discurso político o ideológico y entremos más en el de los datos en salud, económicos.

Parte 1 del debate sobre el 'modelo Alzira' . Parte 2 del debate sobre el 'modelo Alzira'.